BOGOTÁ, Colombia.-La senadora colombiana Piedad Córdoba, quien medió con el presidente venezolano Hugo Chávez por la liberación de rehenes de las FARC y que encara un proceso de destitución por supuestos nexos con esa guerrilla, negó este martes esos señalamientos y anunció que acudirá a la CIDH.
En una conferencia de prensa, la senadora consideró que la decisión de la Procuraduría, que el lunes la sancionó con la destitución, "está criminalizando la labor humanitaria", pero aseguró que no se dejará "intimidar".
"Esto va cerrar mucho las posibilidades de seguir trabajando, pero yo seguiré trabajando por la paz de Colombia, porque es un derecho, porque es una obligación y porque es mi compromiso", aseguró la congresista del Partido Liberal.
Córdoba, quien desde 2008 ha logrado la liberación de 14 rehenes de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció que realizará "las acciones necesarias que puedan ser admitidas por la justicia colombiana para demostrar mi inocencia".
La senadora dijo que además se dirigirá en los próximos días a la CIDH, y que también acudirá a la Unión interparlamentaria mundial y a la Unión Europea. A los familiares de los 20 policías y militares que continúan secuestrados por las FARC, les prometió seguir trabajando por su liberación.
"No vamos a dejar solas a la familias, y si es el caso de llegar a la cárcel, desde la cárcel mi voz se levantará soberana y fuerte para insistir en la necesidad de la humanización" del conflicto armado colombiano. Además, Córdoba agradeció al presidente Chávez por "su apoyo permanente a la paz de Colombia".
El lunes, Chávez calificó como "una infamia" los señalamientos a Córdoba y se declaró "absolutamente seguro de que es inocente". En agosto de 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) nombró a la senadora y al mandatario venezolano como mediadores para un posible canje humanitario de rehenes de FARC por guerrilleros presos.
Sin embargo, el propio Uribe puso fin a esa mediación tres meses más tarde. Según la Procuraduría, Córdoba "dio información a ese grupo sobre asuntos diferentes con la liberación de secuestrados".
El procurador Alejandro Ordóñez decidió, además, inhabilitar políticamente a Córdoba por 18 años, en una resolución que deberá ser ratificada por el Consejo de Estado, máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa, y que es apelable.
