SAN JUAN, Puerto Rico.- Un juez restituyó el martes un cargo de asociación delictuosa contra un senador puertorriqueño, el cual había desechado previamente, luego que se alcanzara un veredicto de culpabilidad en otra acusación contra el legislador por soborno.
El juez Francisco Besosa tomó la decisión poco después de que el senador Héctor Martínez llegó al tribunal federal de San Juan para entregar su pasaporte como parte de su libertad condicional y a la espera de su audiencia de condena fijada para el 7 de junio.
Se desconoce por qué Besosa cambió de parecer.
En su breve orden dijo únicamente que la corte había reconsiderado su postura y no permitiría que ambas partes debatieran las decisiones del jurado. Los fiscales tienen hasta el 14 de marzo para entregar un informe que los abogados de la defensa deberán responder en una semana.
Un jurado de la corte de Puerto Rico halló culpable el lunes a Martínez de soborno y asociación delictuosa, pero Besosa había desechado previamente el cargo de confabulación después de que el abogado de la defensa Abbe D. Lowell argumentó que el veredicto era inconsistente.
El castigo máximo por asociación delictuosa es de cinco años de cárcel y una multa de hasta 250.000 dólares.
La orden de Besosa pareció haber tomado por sorpresa a Lowell. "Nadie ha escuchado antes que un juez retome una acusación legalmente imposible y si lo hizo ha cometido un error terrible. El hacerlo tras el hecho sin una medida gubernamental pone en duda sus razones para hacerlo", dijo Lowell en un comunicado.
El abogado dijo que apelará el veredicto porque resultaba legalmente imposible hallar culpable a Martínez de soborno en el caso con los hallazgos del jurado, que incluyeron un veredicto de inocencia de otros cargos como viajar hacia otros estados para apoyar actividades del crimen organizado y de obstrucción a la justicia.
Martínez fue acusado de aceptar un viaje a Las Vegas para ver una pelea de box en el 2005 a cambio de presentar iniciativas de ley ante la legislatura que presuntamente beneficiaban a los negocios de Juan Bravo Fernández, el dueño de la mayor empresa de seguridad de la isla. Bravo también fue hallado culpable de asociación delictuosa, soborno y viajar entre estados para apoyar actividades del crimen organizado.
El cambio de decisión del juez llega en momentos en que algunos legisladores exigieron que Martínez renunciara a su escaño de senador, algo que ya le había exigido el gobernador de la isla, Lis Fortuño. El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, presentó el martes una queja ante la Comisión de Etica del Senado.
"Alguien que haya sido hallado culpable de corrupción no debería tener un cargo público. Si Martínez no renuncia, entonces quedará en manos de la Comisión de Etica adoptar una acción inmediata", señaló Ferrer.
