Senado aprueba proyecto de Ley de Presupuesto General para el 2022

Senado aprueba proyecto de Ley de Presupuesto General para el 2022

Senado aprueba proyecto de Ley de Presupuesto General para el 2022

El senado aprobó el proyecto de Presupuesto.

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del año 2022, ascendente a un billón 214 mil millones de pesos.

El proyecto fue aprobado con la votación de 21 de 28 senadores presentes en la sesión.

El presidente de la comisión Permanente de Presupuesto del Senado de la República, Milcíades Franjul, destacó que la pieza que, fue aprobada por la Cámara de Diputados, estuvo debidamente estudiada y analizada por la Comisión Bicameral que tenía a su cargo el estudio de la citada iniciativa.

Las estimaciones de los ingresos y fuentes financieras consolidadas, constituidas por el Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ascienden a un monto de RD$ 1,155,565,310,650.

Según indica el detalle del proyecto del proyecto del Presupuesto General del Estado este contiene ingresos consolidados de 930,526,614,050 y fuentes financieras 284,079,393,319 consolidadas.

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En su artículo 5, el proyecto de ley contempla Erogaciones financieras consolidadas para el Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, constituidas por un monto de un billón doscientos catorce mil seiscientos seis millones siete mil trescientos sesenta y nueve pesos dominicanos (RD$ 1,214,606,007,369).

La iniciativa legislativa, en su artículo 9 se aprueba para el ejercicio presupuestario del año 2022, un déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, por un monto de Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro pesos dominicanos (RD$172,577,835,974).

En el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2022 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a disponer la emisión de valores de deuda pública por un monto máximo de doscientos ochenta y cuatro mil setenta y nueve millones trescientos noventa y tres mil trescientos diecinueve pesos dominicanos (RD$284,079,393,319) o su equivalente en moneda extranjera, para ser colocados tanto en el mercado local como en el mercado internacional de Capitales.

En el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2022, se contemplan RD$53,729.4 millones de pesos en Inversión Pública, con una concentración del 48.2% en proyectos de índole económica y social (RD$25,917.1 millones), el 23.3% en proyectos de desarrollo productivo (RD$ 12,516.9 millones), el 18% en proyectos de desarrollo sostenible (RD$9,650.6 millones) y el 10.5% en proyectos de desarrollo institucional (RD$5,644.8 millones).

En la sesión de este lunes, los senadores iniciaron la lectura íntegra del proyecto de Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad en República Dominicana, la cual fue leída hasta el artículo 9 inclusive. La pieza, propuesta por la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quedará pendiente de ser sancionada en segunda lectura en la próxima sesión del Pleno.

La Ley tiene el objetivo regular la prevención, gestión y respuestas a las amenazas e incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas en República Dominicana.

El documento señala que las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel imprescindible para las actividades económicas y sociales, y por tanto para el desarrollo del país.

Refiere que cualquier vulnerabilidad en las redes y sistemas de información que soportan los servicios que se ofrecen a través de las mismas representa un grave riesgo para que se materialicen amenazas o incidentes de ciberseguridad atentatorios contra la seguridad de dichas redes y sistemas de información que podrían interrumpir, parcial o totalmente, las actividades económicas del país, generando considerables pérdidas financieras y menoscabando la confianza de los usuarios



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