Cinco años han pasado desde el inicio de la llamada reforma policial. El gobierno celebra que se pasó de un 13 % de policías en patrullaje a más del 60 %. Con una nómina de 42,805 agentes, eso significaría que más de 25,600 están en las calles, frente a los apenas 5,000 de 2020. El contraste impresiona.
La pregunta inevitable es otra: ¿qué logística sostiene semejante despliegue? ¿Dónde están los vehículos, el personal, el combustible, la supervisión y la formación que hacen posible esa operación?
A este cuadro se suman cifras que parecen impecables: una reducción del 32.5 % en los delitos y una baja en la tasa de homicidios a 8.2 por cada 100 mil habitantes. El discurso suena convincente, casi perfecto para la narrativa oficial. Pero la realidad cotidiana insiste en contradecirlo: inseguridad en las casas y en las calles, miedo en los barrios, desconfianza en las denuncias. En pocas palabras, la calle y los informes hablan idiomas distintos.
Cinco años después, la conclusión es inevitable: lo que observamos es improvisación. Dos ministros en el cargo, múltiples programas que nacen y mueren, planes que se anuncian con entusiasmo y desaparecen sin resultados. Asesores por doquier, figuras jurídicas como “comisionados extranjeros” pagados en dólares, como si no tuviéramos recursos humanos capacitados.
Un observatorio de seguridad que no cumple la función para la que fue creado, con estadísticas rezagadas del 2023. Y lo más revelador: reconocer, al cabo de un quinquenio, que la reforma policial requería modificar la Ley Orgánica, recién depositada este 16 de agosto. No es un detalle menor; es la prueba de que el proceso se construyó al revés, intentando cambiar la institución sin antes redefinir su marco legal.
El país no necesita más porcentajes ni titulares de ocasión. Lo que exige es certeza. Certeza de que la seguridad no se reduzca a un informe, sino que se viva en cada esquina. Certeza de que una denuncia tenga respuesta rápida y efectiva. Certeza de que los patrullajes no se concentren únicamente en las zonas más visibles y acomodadas, sino donde la gente más los necesita. La seguridad real se construye con instituciones sólidas, policías profesionales, políticas serias y continuidad en el tiempo.
Cinco años después, la gran deuda sigue intacta: no hemos construido la política de Estado que garantice seguridad ciudadana de verdad. Y en materia de seguridad, el tiempo perdido es costoso. Cada improvisación, cada programa sin continuidad, se traduce en más incertidumbre para el ciudadano.
La seguridad ciudadana no se resuelve con discursos impecables, sino con visión y coherencia. Con experiencia para entender el sistema y con capacidad para conducir un cambio serio y sostenido. Lo que está en juego no son estadísticas ni titulares; lo que está en juego es la confianza de la gente.
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Josefina Reynoso
La Dra. Josefina Reynoso Chicón es experta en seguridad y defensa, mención política Estratégica y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
