Sectores valoran liberación del encaje legal, pero exigen acceso efectivo y reformas estructurales

Diversos sectores productivos calificaron como positiva la liberación de RD$50 mil millones del encaje legal, dispuesta por la Junta Monetaria (JM), aunque advirtieron que su efectividad dependerá de que los recursos lleguen efectivamente a esas áreas y se acompañen de reformas estructurales que garanticen un impacto sostenido.

La medida, equivalente al 2.4 % del pasivo sujeto a encaje legal, tiene como objetivo canalizar financiamiento hacia sectores estratégicos como construcción, manufactura, exportación, agropecuaria y mipymes, a una tasa de interés no mayor al 9 % anual y con plazos de hasta dos años.

Construcción solicita acceso real a los fondos

Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), manifestó su preocupación ante el estancamiento que enfrenta esta actividad y llamó a que las mipymes del área tengan acceso efectivo a los RD$50 mil millones liberados recientemente del encaje legal por la Junta Monetaria.

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Según indicó, el sector se encuentra contraído y no ha experimentado el desarrollo esperado, situación, que asegura, se ve agravada por el contexto económico global, donde organismos internacionales como el Banco Mundial que han proyectado una desaceleración significativa del crecimiento, estimando que la economía mundial podría alcanzar apenas un 70 % de lo inicialmente previsto.

“Estamos ante una situación de alta preocupación en el sector de la construcción. No hemos tenido el desarrollo que esperábamos y, de hecho, la actividad se ha contraído. En ese contexto, la liberación de estos recursos representa una esperanza para que el sector pueda empezar a recuperarse”, expresó a EL Día.

Aunque reconoce como positiva la decisión de liberar recursos para dinamizar sectores estratégicos como la construcción y la vivienda, advirtió que para que el impacto sea real, es necesario establecer condiciones claras, oportunas y accesibles que garanticen la participación activa de las mipymes del sector en el acceso a estos fondos.

“Valoramos la medida, pero es fundamental que las reglas de acceso permitan que las pequeñas y medianas empresas constructoras puedan beneficiarse. De lo contrario, la recuperación seguirá siendo limitada y concentrada en unos pocos actores”, señaló Cristopher.

Crisis por sobreproducción

Alex Cruz, representante de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplatano), valoró la medida, pero urgió que los recursos del encaje legal lleguen al sector platanero, que atraviesa una crisis por sobreproducción de la variedad FHIA 20.

Según explicó, la elevada oferta en los últimos seis meses de este año ha reducido los precios a niveles insostenibles, obligando a regalar parte de la cosecha para evitar los costos de transporte y recolección.

Explicó que el volumen actual de producción, que supera los 10 millones de unidades diarias entre todas las variedades, ha duplicado la demanda habitual, generando un excedente que el mercado no puede absorber.

Apuntó que el plátano FHIA 20, al tener un mayor número de unidades por racimo de esta variedad (hasta tres veces más que otras), ha impactado negativamente los precios del resto de los tipos de plátanos cultivados en el país.

“La situación ha llevado a muchos agricultores a regalar la cosecha directamente en las comunidades para evitar incurrir en los costos de corte y transporte. Cosechar y llevar plátanos a la capital ahora mismo cuesta más que lo que se puede vender”, destacó a El Día.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente para que se destine una parte significativa de los recuros del encaje legal, canalizado a través del Banco Agrícola, pero advirtió que actualmente no están recibiendo financiamiento efectivo de esa entidad, a pesar de cumplir con los requisitos.

Destacó que además de la falta de financiamiento, instituciones gubernamentales como los Comedores Económicos y INESPRE mantienen deudas con los productores desde hace más de un año, estimadas en RD$50 millones, lo que debilita aún más la cadena de comercialización y compromete la sostenibilidad de las fincas.

“Esperamos que esta inyección de recursos no pase por alto a un sector que alimenta al país y hoy se encuentra en crisis. Es necesario que el gobierno y las autoridades financieras nos incluyan de forma real y efectiva”, concluyeron..

Medida debe ir acompañada de reformas

La Unión Nacional de Empresarios (UNE) consideró positiva la liberación de los fondos, pero insuficiente si no se acompaña de decisiones estructurales.

De acuerdo con su presidente, Leonel Castellanos Duarte, aunque la medida puede inyectar liquidez inmediata y aliviar a los sectores productivos, no garantiza un impacto sostenido sin un enfoque estratégico y reformas que enfrenten los problemas estructurales de las empresas.

“Saludamos la decisión en la medida en que puede generar alivio, pero si no se gestiona con visión estratégica, transparencia y compromiso con la producción nacional, existe el riesgo de que esta liquidez se disperse sin provocar impacto real”, afirmó.

Instó a las autoridades y al sistema financiero a garantizar una canalización efectiva de los recursos hacia empresas que generan empleo formal y valor agregado. Además, recomendó destinar parte de los fondos a la reconstrucción de las redes de distribución de las EDE, como vía para dinamizar la economía y generar empleos directos e indirectos.

Finalmente, planteó que este tipo de medidas deben formar parte de un plan nacional de reactivación económica, basado en políticas fiscales inteligentes, incentivos a la formalidad, reducción de costos regulatorios y mejora del clima de inversión.

“La liberación del encaje legal no debe ser un parche. Necesitamos una hoja de ruta que conjugue financiamiento con reformas, productividad con inclusión, crédito con responsabilidad”, concluyó.