Sectores solicitan al Gobierno crear procesos eviten fraudes
Santo Domingo.-El Estado dominicano tiene el desafío de fortalecer los mecanismos de protección jurídica para consumidores, usuarios y agentes inmobiliarios.
De acuerdo con Annerys Meléndez, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), es importante robustecer este proceso mediante campañas dirigidas hacia la ciudadanía para que de esta manera se eviten las estafas.
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“Desde el gremio promovemos las mejores prácticas en todas las áreas del sector, desde la conceptualización, tramitación, comercialización y construcción de proyectos, para garantizar mayor seguridad jurídica y éxito en las transacciones inmobiliarias de viviendas”, detalló Meléndez a EL DÍA.
Medidas
Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, aconsejó a usuarios interesados en comprar un proyecto a auxiliarse de un abogado, depurar la documentación legal del inmueble, hacer visitas presenciales a la propiedad , verificar el respaldo financiero del mismo y revisar el historial del desarrollador.
Indicó que, aunque en los últimos meses el mercado inmobiliario y de la construcción se ha visto opacado por algunos casos aislados que han desacelerado los avances y logros obtenidos, invita a compradores y clientes a seguir invirtiendo y buscando asesoría inmobiliaria para una inversión segura.
“El mercado inmobiliario dominicano es muy sólido, pujante, diverso e innovador y ha dado muchos frutos a compradores e inversionistas dominicanos y extranjeros.
Se han entregado decenas de miles de unidades en los últimos años y otras que se encuentran en proceso de construcción”, añadió.
Existe deficiencia
En el país se requiere una figura jurídica que proteja tanto a los clientes como a las agencias inmobiliarias de verse involucradas en fraudes, ya que existe una deficiencia en los procesos de venta de documentación y permisología requerida, que da cabida a que malhechores se aprovechen de estas debilidades y hasta arresten consigo a agentes inmobiliarios a esquemas fraudulentos, así explicó una fuente vinculada al sector.
Marco normativo
Carlos Báez, abogado penalista, plantea que el Gobierno, en conjunto con los ayuntamientos y otras entidades reguladoras, establezca un marco normativo más estricto para la venta de proyectos inmobiliarios.
Además, se sugiere que las constructoras sean supervisadas por los ayuntamientos y organismos estatales pertinentes, garantizando que cumplan con los requisitos legales y ambientales.
Asimismo, considera fundamental que el Estado promueva una campaña de concientización dirigida a los compradores, especialmente a los dominicanos en el exterior, para que tomen precauciones antes de realizar inversiones inmobiliarias.
Esta iniciativa podría ser liderada por el Ministerio de la Vivienda y otras instituciones del sector.
El llamado es que el Gobierno tome medidas inmediatas para fortalecer la seguridad en el mercado inmobiliario y evitar que más ciudadanos sean víctimas de estafas.
Desde inicios del año pasado en el país se han visto decenas de denuncias debido a estafas inmobiliarias.
¿A quiénes dañan?
— Fraudes comunes
Entre los fraudes más comunes está la venta de propiedades fantasmas, publicidad engañosa, rentas de inmuebles y asesores falsos, lo que afecta a constructores, inversores en proyectos inmobiliarios y la imagen del país.
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