Gremios instan al Gobierno a un diálogo social para facilitar el consenso en proyecto de reforma fiscal.
Santo Domingo.-El sector empresarial intensifica su advertencia de que, de aprobarse el proyecto de reforma fiscal tal como lo plantea el Gobierno, se provocaría un estancamiento en el sector industrial, se reduciría el acceso a la vivienda y se verían afectados los usuarios del sector financiero. Insisten en la necesidad de una revisión oportuna del proyecto.
Ayer, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) advirtió que las medidas propuestas podrían hacer inaccesible la compra de viviendas para gran parte de la población.
“Esto dejaría a seis de cada diez familias sin acceso a su primer hogar”, señalaron representantes del sector agrupados en el sector Unido de la Construcción, Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, Asociación de Asesores Fiscales, Asociación de Agentes, las Empresas Inmobiliarias y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
De acuerdo a Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, el 59 % de los proyectos de viviendas de bajo costo perderían su calificación, lo que afectaría la entrega de bonos para viviendas asequibles y paralizaría los proyectos sociales impulsados por el Gobierno.
Explicó que de asumir esa propuesta, el precio de las viviendas aumentaría más de un 30 %.
Explicó que este incremento sería consecuencia de la eliminación de la tasa diferenciada de impuestos sobre la renta aplicada a los fideicomisos de viviendas, lo que por sí solo implicaría un aumento del 12.5 % en el precio de las viviendas.
A esto se sumaría un incremento del 18 % por la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA ) a la venta de viviendas.
También se vería afectada la cadena productiva debido a la inclusión del IVA en el transporte y en bienes no industrializados como los agregados, además del aumento del 50 % en las retenciones aplicadas a la mano de obra. Este impacto, de acuerdo con Acoprovi, afectaría directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables, que representan el 59.1 % de las viviendas de bajo costo en el país.
Meléndez también alertó que el déficit habitacional, actualmente estimado en 1.4 millones de viviendas, podría empeorar drásticamente si la reforma fiscal es aprobada en los términos actuales.
Agregó que los efectos no se limitarían sólo a la compra de viviendas, sino que también se espera un aumento en los precios de los alquileres debido a la reducción en la oferta y los costos adicionales para los propietarios, lo que generaría una caída de la demanda y una disminución del 56 % en las ventas de viviendas.
Esto supondría una pérdida de más de 77 mil millones de pesos en inversión y afectaría directamente al empleo, con la posible eliminación de 115 mil puestos de trabajo.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana, en un encuentro con la prensa, expresó que comprenden la necesidad de la reforma y la urgencia de incrementar las recaudaciones fiscales para enfrentar las diversas necesidades de la sociedad.
Sin embargo, criticaron que la propuesta presentada por el Gobierno carece de consenso y equilibrio. Detallaron que la iniciativa legislativa reduciría la generación de empleos y la inversión en el sector, al mismo tiempo que fomentaría las importaciones.
Señalaron que es contraproducente hablar de una reforma fiscal sin antes reducir el gasto público, el cual, aunque ha comenzado a ser controlado, requiere una mayor profundización.
También indicaron que no se puede realizar una reforma fiscal sin incluir la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.
Subrayó la necesidad de impulsar la formalización de las empresas y combatir la competencia desleal y la evasión fiscal.
Servicios financieros
En cuanto a los servicios financieros, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana informó que el gremio está evaluando aspectos de la reforma relacionados con el impuesto al ahorro y a los pagos digitales, el tratamiento fiscal de los patrimonios autónomos, que podría afectar a las Administradoras de Fondos de Inversión, la figura de los fideicomisos, el IVA y las transferencias de inmuebles, entre otros puntos que impactarían a los usuarios financieros.
La ABA explicó que se esperaba una solución legal y financiera que apuntalara un perfil de finanzas públicas sostenibles a largo plazo, creando un entorno favorable para atraer inversión nacional y extranjera, con la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) para el 2036.
Recordaron que el sistema financiero actúa como un catalizador que transforma el ahorro en consumo e inversión, tanto de los hogares como de los sectores productivos.
En ese sentido, afirmaron que “si queremos mayor bancarización e inclusión financiera, el discurso debe centrarse en incentivar la cultura del ahorro y facilitar la fiscalidad en los pagos digitales”.
Voces
— Escucha
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que ese cámara escuchará a todos los sectores sociales para lograr un pacto en la aprobación del proyecto de Modernización Fiscal.
Figura transparencia se espumaría
Proceso. La Ley de Mercado Hipotecario y el Fideicomiso que persigue facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales, da garantía de transparencia al sector y promueve la vivienda de bajo costo, pasaría a la historia, sin que aún la figura tomará auge en el país.
La figura del fideicomiso se ha convertido en una herramienta de seguridad y garantía de inversión en el sector inmobiliario, ya que es un mecanismo de inversión permite reducir el déficit habitacional y a la vez da transparencia y control de los recursos que manejan los actores que intervienen en el sector, saliendo beneficiados el comprador, desarrollador, agente de venta, como el sector financiero, explicó a EL DÍA Jorge Montalvo, miembro de Acoprovi.