Santo Domingo.–La necesidad de construir nueve grandes embalses para evitar que se pierda el 72 por ciento de las aguas superficiales, el que se modifique la ley 498 de agua para hacer sustentable el referido recurso y que se haga una inversión global de 10 mil millones de dólares para mejorar el sector, son las principales inquietudes planteadas ayer por representantes de la Mesa Interinstitucional del Agua.
Olgo Fernández, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), insistió en que nueve grandes presas, con una inversión de 3 mil millones en un plazo de 20 años, así como otras 100 pequeñas representarían la solución al consumo humano del agua y la agropecuaria, al tiempo de generar riquezas y garantizar la salud de los dominicanos.
“La única inversión que tiene una tasa de retorno en menos de 15 años son las presas; agua potable, para riego, generación de energía limpia, turismo, pesca y, sobre todo, controlar las inundaciones de las mayorías de las cuencas”, puntualizó Fernández.
El funcionario citó como parte de esos proyectos las presas de Alto Yuna, que favorecerá a Bonao y San Francisco de Macorís para los próximos 20 años; la de Boba, a favor de las provincias Sánchez Ramírez y Samaná; Jassica, para Moca y Puerto Plata.
Igual citó las presas de Guai Güí y Monte Grande, a su entender proyectos determinantes, estas últimas en proceso de ejecución.
Fernández habló en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto a Alejandro Montás, Alberto Holguín y Silvio Durán, directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo; del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Proyectos CAASD
A fin de enfrentar los efectos de la sequía, Alejandro Montás ve necesario conciliar la distribución del agua del río Nizao, donde se encuentran las presas de Jigüey y Valdesia, que suplen al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional con más de un millón de personas, igual le da agua a San Cristóbal y Baní.
Dijo que tienen equipos en reparación en Haina-Manoguayabo, Barreras de Salinidad y campos de pozos y que en unos 15 días una vez entren en servicio aportarán más de 50 millones de galones adicionales que normalizarán el sistema.
“Uno de los problemas más preocupantes para nosotros ahora son las aguas residuales; ahora tenemos la proyección en este gobierno del Acueducto Oriental, obra fundamental que agregaría dos metros cúbicos a Santo Domingo Este y Norte, aparte de garantizar y estabilizar el servicio en el Gran Santo Domingo, con una inversión de 80 millones de dólares.
Entre otros planes, Montás citó la posibilidad de ampliar el acueducto Barrera de Salinidad y sistema de bombeo de San Isidro para conectar con el proyecto de La Barquita, que tendría una demanda proyectada de 35 mil viviendas en 15 o 20 años.
A esos planes se agregarían otras inversiones de unos 10. 3 millones de euros, que proyecta la Agencia de Cooperación Española en el mismo entorno, más los otros acueductos periurbanos para dotar de agua zonas rurales que beneficiarían a unos 30 barrios.
Pérdidas vs. cobro agua
Montás citó como otras de las preocupaciones las pérdidas por el mal estado de las tuberías, que datan de 40 y 50 años.
“Hemos proyectado la rehabilitación del sistema de distribución, el problema es que se requiere una inversión de cien millones de dólares, porque perdemos más del 50 por ciento del caudal de agua en las líneas y sistemas de bombeo”, enfatizó.
Igual se quejó de la falta de conciencia ciudadana para racionalizar el agua.
Dijo que el metro cúbico de agua está en 6 pesos y el costo de producción es de RD$19.69.
De ahí la necesidad de la instalación de 200 mil medidores de agua para establecer controles, así como establecer una tarifa de RD$22 el metro cúbico, similar a Coraasan.
Igual planteó la modificación de la ley de agua, porque esta establece que sólo el Presidente de la República puede por decreto modificar la tarifa.
