Sección 8: mentira, demagogia y corrupción

Sección 8: mentira, demagogia y corrupción

Sección 8: mentira, demagogia y corrupción

Luis Tejada.

Hace unos días, la alcaldía de Nueva York anunció la apertura del programa llamado Sección 8, con la oferta de aceptar 200 mil solicitudes. Este programa, creado en 1978, busca apalear la crisis de vivienda asequible que vive la ciudad, con el subsidio de una parte del costo del alquiler de sus viviendas. Mediante este programa, las familias que califican estarían pagando de renta el 40% de sus ingresos anuales. Según la administración de NYCHA, esta oficina, maneja aproximadamente 85 mil vouchers, repartidos entre proveedores privados, y en los que entran los edificios de la referida dependencia estatal, que, como todos sabemos, son un nido de consumo
de drogas, delincuencia, ratas y abandono total.

Actualmente, la ciudad de Nueva York tiene más de 30 mil solicitudes en lista de espera para concederles un voucher, lista que data de muchos años. A esa lista se le agregarán 200 mil nuevas solicitudes, las que, según el alcalde Eric Adams, estarán en primera fila para ocupar los edificios en la posible construcción de 500 mil viviendas para el año 2032, desde luego dando prioridad a las 30 mil existentes. O sea que los nuevos solicitantes deberán esperar mínimo ocho años, si es que construyen los edificios. Como dicen en mi pueblo, la esperanza era verde y se la comió un burro.

Esta apertura de solicitud de la sección 8, no es más que otra jugada manipuladora, demagógica y burlesca del alcalde Adams contra la clase pobre trabajadora, en busca de la reelección para un segundo mandato en las elecciones de 2025. Y lo peor aún es la muestra de complicidad en la corrupción administrativa para beneficiar a los caseros depredadores, quienes han abusado y violado constantemente las leyes que protegen la vivienda asequible. Por más de 30 años, he trabajado en la preservación de la vivienda asequible para la gente de menos ingreso que reside en Nueva York, evitando el desplazamiento forzado y enfrentando a la mayoría de nuestros oficiales electos, desde el Concejo Municipal hasta la Legislatura Estatal, quienes han sido responsables de las crisis que se vive en esta urbe, entre ellas, el alto costo de la vivienda, cierre de negocios, inseguridad, desempleo, etc.

Como parte del movimiento pro-inquilinos, durante todos esos años, hemos denunciado los aumentos constantes, abusivos e ilegales producidos, no solo por los caseros, sino también a través de la Junta Reguladora de la Renta (RGB). Aumentos que han elevado el costo de alquiler en más de un 300%. Los apartamentos que deberían estar pagando no más de mil dólares mensuales, hoy su costo ronda alrededor de tres mil dólares. A esto se agrega que, de manera ilegal, usando la “renta preferencial”, se han desregulado, o sea llevados a renta de mercado, más de 700,000 apartamentos asequibles, reportando reparaciones ficticias y sobrevaluadas (MCI) al departamento de  vivienda (DHCR), incluyendo además abusos como la falta de reparación y los desalojos ilegales.

Como resultado de esta práctica corrupta y abusiva, hoy la renta es inalcanzable para las familias de bajos ingresos, lo que ha estado produciendo un éxodo de neoyorquinos hacia otros horizontes. Conscientes, cómplices y corresponsables de esta situación, los oficiales electos, demagógicamente ofrecen a los caseros programas subsidiados, como la Sección 8, entre otros subsidios, para cubrir los costos de rentas que ellos impusieron ilegalmente. Un apartamento que debía costar, sin los aumentos ilegales, $1000 dólares mensuales, hoy cuesta $3000 dólares. Esto significa que una familia que califique para la Sección 8, con un ingreso anual de 40,000
dólares pagaría alrededor de $1200 por ese apartamento; la diferencia de $1800, lo pagaría la ciudad, pero es una cifra sobrevaluada, producto del aumento indiscriminado que se ha producido en el alquiler. Sabemos que los programas son una ayuda para las familias pero, la situación demanda exigirles a los caseros rebaja de la renta, así se beneficiarían a más familias y se evitaría la corrupción administrativa, generada con el uso del dinero de los impuestos para favorecer las corporaciones de bienes raíces.

*Profesor y activista Comunitario en New York