Hace escasamente una semana advertí sobre la grave crisis que se veía venir en el seno del Comité Olímpico Dominicano, tras una agria y poderosa lucha de intereses patrocinada por presidentes de federaciones, que no esconden su disgusto, por lo que consideran un trato injusto en la repartición de recursos económicos que aporta el Estado para el desarrollo del deporte de primer nivel.

Pero esa inconformidad parece que va más allá, porque en realidad lo que se busca, aunque se disimule, es hacer “saltar” del puesto al actual presidente, Colin Acosta, con quien desde el principio, al parecer, no se sienten debidamente representados.

No ha sido al azar que varios ejecutivos del mismo, han llevado la voz cantante a nivel público, esgrimiendo como punto neurálgico, la desigual distribución de los fondos.
Hay que observar, además, que tras la salida de Luisín Mejía de la presidencia del COD, grupos poderosamente económicos no han escondido su interés de ocupar puestos relevantes, para ser más específicos, la misma presidencia.

Entre los que han tenido más notabilidad en esta disputa están miembros prominentes de la actual directiva, que han venido agitando, a veces directos, pero también en forma muy diplomática, argumentando que hay razones para la protesta, inicialmente encendida por Cristóbal Marte, director de Selecciones Nacionales Femeninas de Voleibol, quien reclama mayor ‘transparencia’’ en la distribución de recursos.

Y esa petición tiene el total respaldo del primer vicepresidente del COD, Luis Chanlatte, quien admite que se debe bajar la “tensión” en el seno de la entidad, e incluso solicita la intervención del ministro de Deportes, Francisco Camacho.

Hay que recordar que Acosta llega a la presidencia del COD porque ocupaba la primera vicepresidencia, cargo que ostenta hoy Chanlatte, lo que quiere decir si se produce una crisis que haga “volar” del puesto a Colin, el cargo lo ocuparía por regla, el primer vicepresidente.

Creo que esto se trata, y podría estar especulando, de una especie de conspiración, que no es más que “un entendimiento secreto con el objetivo de derribar el poder establecido con el objetivo de trastocar, alterar y perturbar el funcionamiento de una estructura legal”.