La Constitución dominicana ha tenido una trayectoria tormentosa desde la discusión y aprobación de su primera versión, en noviembre del 1844. Acomodada a los intereses de tiranuelos y violada por dictadores y líderes autoritarios de todas las épocas, nueva vez está siendo apretujada en “camisa de palo” por los consensos de cúpulas políticas, sociales y económicas que, como en todas las ocasiones anteriores, no toman en cuenta las aspiraciones democráticas del pueblo.

Esta vez el pretexto para poner en pie un nuevo parche en la Constitución es el de unificar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y del nivel congresual, argumentando el alto costo que implica para el país la celebración de procesos de elecciones separados. Vaya paradoja: los mismos que no tomaron en cuenta el alto costo que implica la celebración de primarias simultáneas, ahora se rasgan las vestiduras por lo mucho que se gastará en las elecciones separadas.

Para que esta vez el país salga “ganando algo” de la nueva estafa constitucional, los abanderados de este mamotreto proponen, como migaja de intercambio, sacar al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura. Pírrico premio de consolación. Ya el presidente de turno acomodó las altas cortes a sus intereses de impunidad. Es decir que ya el Procurador sobra. Pero para quien quiera un caramelito de distracción se le regala este tema como si fuera una gran conquista democrática.

Y como sacado del sombrero de un mago se incluirá, como quién no quiere la cosa, el principal objetivo de dicha “reforma”: la “habilitación” del Presidente para que pueda presentarse como candidato en el 2024. Este “Plan B” se ha puesto a andar  luego  de que el presidente Medina resultara derrotado en su pretensión reeleccionista, a consecuencia de un notable rechazo por parte de la ciudadanía, evidenciado en todas las encuestas, y como resultado de la firme resistencia y oposición de muchos sectores organizados en distintos litorales sociales y políticos.

No está de más recordar, aunque parezca redundante, que el gobernante de turno ya hizo uso de la primera parte del acuerdo propuesto por sus acólitos en la “Reforma” del 2015, que consistió en habilitarlo para la reelección en el 2016; en tanto hace “pataletas” y pone “bembita” cuando se le recuerda la segunda parte, el artículo transitorio que le impide volver a postularse. Es evidente que el carguito le gusta demasiado y no se conforma con ejercerlo durante ocho años, cuatro de los cuales son el fruto de una modificación constitucional comprada.

Su ambición de poder es tan desmedida que desde el primer día de su segundo mandato se dedicó a preparar las condiciones para desconocer nuevamente el orden constitucional, lo cual resultó fallido a consecuencia de un contundente rechazo ciudadano.

El gran fracaso de la reelección es la razón para el impulso de un nuevo plan de reforma de la Constitución, aunque bajo el mismo modus operandis, con el móvil principal de habilitar a Danilo para el proceso electoral del 2024, lo que se hace acompañar de algunos premios de consolación, para que los concernidos en este nuevo compinche contra el orden constitucional puedan tener argumentos “justificativos”, incluyendo la idea de conveniencias tácticas coyunturales que pudieran dar ganancia política a la oposición, en el supuesto de una fractura insuperable en el partido de gobierno.

Para quienes apostamos a una democracia participativa la única postura justificada frente a cualquier intento de retorcer el orden constitucional es su firme rechazo, pues la carta constitucional de una nación no se debe jugar al azar, a fin de someterla a remiendos oportunistas. Rechazar un nuevo pacto de cúpulas es un asunto de principios.

Independientemente del contenido de las distintas modificaciones a la Constitución, la esencia obviada en todos estos tejemanejes constitucionales es el derecho de la ciudadanía, como único y legítimo soberano, a ser actor protagónico de una reforma integral, que aborde los desafíos institucionales, políticos y sociales del país con seriedad y sin el acoso que ejerce el poder Ejecutivo sobre los congresistas, muchos de los cuales sucumben a presiones políticas, morales o económicas.

Se puede alegar que en el país no está establecido el Poder Constituyente como ocurre en algunos países de la región. No obstante, en la Constitución nacional está contemplado el Referéndum, que bien pudiera ser el punto culminante de un proceso de debate nacional que tome en cuenta a los ciudadanos, principal factor de  la democracia.

En la vida del país, los parches a la Constitución sin movilización ciudadana no han aportado ningún soporte duradero al avance de la institucionalidad democrática y sí han servido para eternizar una lógica de rapiña sobre el Estado, un reparto de privilegios a los grupos de siempre y una mayor pobreza para la mayoría del pueblo.

Por esas razones, aun cuando no tengamos mucho acompañamiento en los escenarios legislativos, estaremos oponiéndonos firmemente a la nueva tentativa de “reforma” que está cocinándose sin sazón ciudadano en el Congreso de la República.