SANTO DOMINGO.- Uno de los implicados en el entramado de estafa a 284 personas de la familia Rosario se entregó al Ministerio Público para responder a las imputaciones que pesan en su contra.
Se trata del imputado Hilario Amparo, quien junto a otros implicados en el entramado encabezado por el abogado Jhonny Portorreal estafaron a la familia Rosario con la
promesa del cobro de una supuesta herencia.
Hoy está previsto que un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la medida de coerción a Miguel Deoleo Montero, acusado de asociarse a los mencionados más arriba en el entramado. El Ministerio Público pide prisión contra De oleo Montero y que se declare complejo el caso.
Por el caso guarda prisión la imputada Miguelina Gómez Santana.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos ha informado que el imputado De Oleo Montero tenía pleno conocimiento de las actividades a las que se dedicaba el grupo, lo cual constituye una violación expresa al ordenamiento jurídico establecido, transgrediendo la norma penal porque no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
En la instancia presentada por el órgano se destaca que el grupo que integran Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero, Hilario Amparo y Johnny Portorreal, este último prófugo, se acercó a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero, con la finalidad de incluirlas en el proceso de cobro de una supuesta herencia dejada por Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), presuntamente reclamada en España y Suiza.
De acuerdo a la fiscal encargada del Departamento de Investigación de Falsificaciones, Evelyn García, para la comisión del hecho los imputados captaban clientes y supuestos herederos de la familia Rosario, a quienes les aseguraban que contaban con los números de cuentas en las cuales se depositarían los montos resultantes de la distribución de la herencia.
Durante la investigación y según testimonios de los afectados, los encartados dijeron a las más de 280 víctimas que el dinero había sido transferido al Banco Central de la República Dominicana y posteriormente trasladado al Banco de Reservas, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich de Suiza, para cuyos trámites internos les requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
El órgano persecutor acusa al grupo de estafa, lavado de activos y otros delitos.
