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¿Se acabó el secreto bancario?

Frederich E. Berges Por Frederich E. Berges
Frederich E Berges
📷 Frederich E Berges

Uno de los derechos más preciados en el mundo comercial ha sido el denominado secreto bancario, el cual ha permitido a los diferentes cuentahabientes en el sistema financiero mantener en la discreción absoluta sus transacciones.

Sin embargo, hechos recientes en el plano nacional e internacional parecen indicar que este ha emprendido el camino de la extinción, contribuyendo con ello en algunos casos a la transparencia y el fin del resguardo de las actividades financieras de ojos curiosos, sea por derecho o no.

En el plano internacional, los países agrupados alrededor de la Organización de Cooperación y Desarrollo económico (OECD), del cual nuestro país es adherente, y que agrupa las principales economías del mundo en procura de las mejores prácticas para impulsar el desarrollo, ya iniciaron el intercambio automático de datos fiscales de sus residentes.

Tal decisión ha incluido ya a varios países de los denominados paraísos fiscales, incluyendo Anguila, Bermuda, las Islas Caimán y próximamente otros como Andorra.

En nuestro país, bajo la sombra de combatir el lavado del dinero y contribuir a las iniciativas en contra del terrorismo que azota el mundo, hemos promulgado la Ley 155-17, la cual establece sujetos y transacciones obligados para revelar dichas operaciones financieras, por encima de lo que ha sido el secreto bancario.

Estas dos decisiones, tanto nacional como internacional, parecen ser el presagio del fin del secreto bancario, el cual no tan solo ha permitido esconder transacciones financieras, sino también impedido revelar los verdaderos dueños de las cuentas y los beneficiarios de sus operaciones.

El tema aquí no es solo si estas disposiciones contribuirán a la transparencia y combate a los objetivos de revelar fraudes fiscales, operaciones de lavado y de financiación del terrorismo, sino que si en su aplicación se cometerán abusos como revanchas políticas o sociales en detrimento de los usuarios del sistema financiero organizado y supervisado, o llevarán al país a una menor bancarización y una mayor informalidad.

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