El 1 de septiembre de 1548, en la ciudad de Valladolid, el entonces príncipe Felipe —futuro Felipe II de España— firmó una real cédula en la que se hace referencia a la ciudad de Santo Domingo como “república”. En las propias palabras del monarca, recogidas en dicho documento, se afirma que: «una de las cosas mas perjudiciales a esta república [Santo Domingo] es no a ver una tabla pública en la casa del consistorio…». Este testimonio documental constituye una prueba directa de que la capital de la isla Española era reconocida por la Corona como una comunidad política organizada, con identidad institucional definida.
A diferencia de nuestro entendimiento moderno del término, el concepto de “república” en el siglo XVI no implicaba independencia ni soberanía nacional. En cambio, designaba una comunidad política organizada que gozaba de autonomía municipal, cabildo propio y derechos reconocidos por la Corona. Derivado del latín res publica —la cosa pública—, el término reflejaba la existencia de una colectividad estructurada, con vida política regida por normas compartidas y leyes vigentes.
No obstante, este uso temprano del concepto puede interpretarse, guardando las distancias, como un precedente de lo que, siglos después, daría forma a las repúblicas modernas surgidas en América durante el siglo XIX. Aunque todavía bajo dominio imperial, esta organización institucional sentaba las bases de participación cívica, representación local y ejercicio de derechos colectivos.
Un ejemplo ilustrativo de esta dinámica ocurrió en 1518, cuando los vecinos de la capital, actuando en común acuerdo, llevaron a cabo un proceso de selección colectiva para designar a un representante que viajara a España a recibir al rey Carlos I en nombre de los habitantes de la isla. El elegido fue Lucas Vázquez de Ayllón. Aquella designación, que implicó deliberación y votación entre los principales vecinos, constituye un temprano ejercicio de participación política dentro del sistema colonial, como expresión de lealtad y representación ante la Corona. Prácticas de este tipo fueron consolidando un sentido de comunidad política que, tres décadas más tarde, quedaría plasmado en la cédula de 1548.
La cédula de 1548 menciona al alcalde Gonzalo Hernández de Oviedo y al capitán Alonso de Peña, y ordena que todas las cédulas reales y privilegios otorgados a los vecinos fueran guardados en una caja con tres llaves, custodiadas por un alcalde, un regidor y el escribano del cabildo. Esta disposición buscaba asegurar que los habitantes conocieran y ejercieran sus derechos y deberes como miembros de esa “república colonial”.
Otro aspecto que muestra la existencia de un equilibrio institucional era el papel de los gobernadores. Aunque estos cargos eran designados directamente por el rey de España, a la salida de su mandato se les sometía a un juicio de residencia. Este procedimiento evaluaba su gestión a partir de las quejas o denuncias de los habitantes de la ciudad, lo que podía derivar en sanciones o castigos. Estos juicios de residencia se realizaban para determinar si hubo corrupción u otros males durante el gobierno de ese gobernador. De esta forma, el gobernador no tenía un poder absoluto: existía un balance de poder que limitaba ciertas acciones y garantizaba que las autoridades respondieran ante la comunidad.
Este reconocimiento legal y simbólico convierte a Santo Domingo no solo en la primera ciudad europea permanentemente establecida en América, sino también en una urbe con conciencia de su identidad política y legal. La capital contaba ya con instituciones sólidas como el cabildo y la primera universidad del Nuevo Mundo, lo que le permitió convertirse en la primera expresión institucional del Imperio español en América.
Fue Nicolás de Ovando quien, a comienzos del siglo XVI, organizó el primer cabildo de Santo Domingo, estableciendo así la primera estructura de gobierno municipal en América. Esto marcó un hito en el proceso de implantación del modelo institucional castellano en tierras americanas, y consolidó el papel de la urbe como núcleo político y administrativo del Caribe y del Nuevo Mundo hispano. En esencia, Santo Domingo era un auténtico micromundo político dentro del vasto Imperio español que se expandía en América.
Este documento de la cédula de Felipe II se puede encontrar en Cedulario Indiano, recopilado por Diego de Encinas, miembro del Consejo de la Cámara, Tomo III.
