Durante el proceso de negociación que culminó en 1861 con la Anexión, el gobierno dominicano mantuvo siempre la determinación de pactar una alianza que comprometiera a España a respetar la independencia y a ejecutar un programa de obras públicas y de transformación institucional dirigido a revertir el estado deplorable de miseria y atraso de la sociedad dominicana.
Hacia enero de 1861 la decadencia del país se mostraba en el deprimente espectáculo que presentaba la ciudad capital, con numerosas casas abandonadas, edificios en ruina y sus calles totalmente inservibles, según relata don Santiago Moreno en su obra Idea General de la Parte Española de la Isla de Santo Domingo.
En esencia, Moreno dibujaba el cuadro patético de una aldea sin posibilidades de avance debido a las calamidades que imponía la cuestión haitiana.
En abono a esta apreciación, el general José de la Gándara, en su obra Anexión y Guerra de Santo Domingo, aseguraba que el propósito de Santana con la anexión perseguía contar con “el amparo moral del pabellón español, que obligara a Haití a renunciar para siempre a toda tentativa y pretensión de reconquista.”
Ese convencimiento se ajustaba al que años antes externara el cónsul británico Martin J. Hood, quien el 6 de junio de 1861 informaba a Londres que Santana mantenía su proyecto de marchar contra Haití si ese país no devolvía los territorios dominicanos ocupados en el valle Artibonito.
Se corresponde, además, con las intenciones que se aprecian en el conjunto de condiciones que Santana propuso para convenir, ya fuese el protectorado que Felipe Alfáu gestionaba en Madrid durante 1859, o la reincorporación en calidad de provincia de España, que don Pedro Ricart negociaba en La Habana en 1860.
En la primera de las siete condiciones sobre el protectorado, el gobierno dominicano pedía que España honrara “la promesa solemne de conservar y ayudar a conservar la independencia de la República, así como de asegurar la integridad de su territorio”, y a seguidas reforzaba ese interés, demandando en la tercera condición que el país debía contar con la “intervención y protección de Su Majestad en cualquier eventualidad en que la independencia de la República o la integridad de su territorio puedan estar amenazadas”.
Para consentir que en vez del protectorado, Santo Domingo se reintegrara al reino de España, Santana exigía en la primera de cinco condiciones, “que se conserve la libertad individual sin que jamás pueda restablecerse la esclavitud en el territorio dominicano”.
La segunda, sin embargo, sería la cláusula que decidiría la suerte futura del acuerdo, pues con ella Santana condicionaba la anexión a “que la República Dominicana sea considerada como una provincia de España, y que disfrute como tal de los mismos derechos”, consignando así, que jamás debía tratársele como colonia.
Mediante la tercera condición Santana se aseguraba de preservar los puestos de trabajo para el talento y los trabajadores criollos, exigiendo “que se utilicen los servicios del mayor número posible de aquellos hombres que los han prestado importantes a la Patria desde 1844, especialmente en el ejército, y que puedan prestarlos en lo sucesivo a Su Majestad”.
En vista del estado patente de pobreza y de la quiebra del Estado, la cuarta condición de Santana contemplaba el saneamiento de las maltrechas finanzas públicas, disponiendo “que como una de las primeras medidas, mande Su Majestad amortizar el papel actualmente circulante en la República”.
Por último, mediante la quinta condición, Santana buscaba convertir la nueva Provincia de Santo Domingo en el continuador jurídico de la República, exigiendo con la misma que España “reconozca como válidos los actos de los gobiernos que se han sucedido en la República Dominicana desde su nacimiento en 1844”.
El conjunto de las cinco condiciones convenidas con el gobierno de Santana para pactar la anexión, suponía la reinvención de un Estado materialmente habilitado para defender el territorio, y legalmente facultado para recibir los recursos que necesitaba una sociedad marginada de las corrientes del desarrollo.
Ese juicio sería validado luego en Madrid, cuando el 30 de marzo de 1865 el ministro español Seijas Lozano lanzaba la siguiente pregunta: ¿Por qué a cambio de nada para España, Santo Domingo, “una nación que no tenía medios de vivir de ninguna manera, se acoge a nosotros para que la proveamos de recursos y de riquezas, obligándonos además a mantener su integridad e independencia constantemente?”
