Patricia Arache.
Antes de que la pandemia del COVID-19 azotara al mundo, la República Dominicana contaba con un estudio sobre la situación epidemiológica de los trastornos mentales, realizado por el Ministerio de Salud Pública, en el año 2014.
Los datos de ese análisis son más que reveladores sobre la obligatoriedad que existe de actualizarlos, pero sobre todo de buscar salida a la situación de salud mental que aparentemente se ha deteriorado en forma acelerada, como secuela misma de la pandemia.
En aquel momento y, según ese estudio, el 20% de la población dominicana sufría trastornos mentales. ¡Eso es mucha gente, aunque usted no lo crea! Solo haga el cálculo de la siguiente manera: donde hay cien personas, 20 padece un trastorno mental.
El informe estableció también que 464.164 casos habían sido atendidos por depresión, con una prevalencia estimada de un 4,7% de la población general y el trastorno mental más frecuente fue la ansiedad, con un total de 570.312 casos atendidos, para una prevalencia estimada de 5, 7%.
Una de las incidencias mayores del COVID-19 fue el impacto en la salud mental, no solo por la forma rápida en la que se expandió y los severos daños que ha provocado, con casi 6.3 millones de personas muertas en el mundo y casi 600 millones de casos.
También por la forma en que hubo que enfrentarla, principalmente con el encierro. Esto contribuyó a crear incertidumbres, desesperanzas, desconsuelos, lejanías. La gente sintió que perdió la condición natural de libertad de la que debe disfrutar un ser humano.
La incertidumbre y el encierro son factores de riesgo para la salud mental, como lo han dicho los profesionales de ese ámbito, por tanto, no es descabellado pensar que los trastornos se incrementaron exponencialmente con la pandemia.
Cada día sentimos un aire enrarecido en las calles, en los centros comerciales, en las esquinas, en los colegios, en las universidades, en los centros de trabajo y hasta en nuestras propias casas.
Es como si de pronto muchas personas han perdido la razón, con la gravedad de que las consecuencias son desastrosas y en la mayoría de los casos generan muerte, dolor, luto, sangre, enfrentamiento.
Promover, proteger y cuidar la salud mental tiene que ser una responsabilidad de todos, claro está.
Empero, diseñar y dar a conocer un plan para la atención a la salud mental debe convertirse en un desafío, en un reto, en un compromiso para las autoridades del país.
Y ese compromiso debe propiciar la inclusión de la atención a la salud mental, a través del Sistema de Seguridad Social en el país que, desgraciadamente, no cubre ese tipo de enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deplora que, pese a su importancia e impacto, la salud mental “siga siendo una de las áreas de la salud más olvidadas” y debemos agregar que, lastimosamente, es una de las que menos recursos financieros obtiene.
Porque, a todo esto, el deterioro de la salud mental, afecta mayormente, como casi toda manifestación social que incida en la calidad de vida de la gente, a los llamados grupos vulnerables, tanto los económicos, como los sociales, los étnicos y los de género.
Así lo confirma la propia OMS cuando cita un estudio de 2019, que establece que, en Estados Unidos las poblaciones hispanas y latinas tienen un 50% menos de acceso a la atención de salud mental que las personas blancas no hispanas.
Hay que hacer algo urgente, por la salud mental de los dominicanos, antes de que sea demasiado tarde.
patricia.arache@gmail.com
