Durante décadas, la salud mental ha sido uno de los grandes temas invisibles de la agenda pública dominicana. Presente en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo y en las comunidades, pero ausente del debate, del presupuesto y de las políticas estructuradas.
Incluso, hasta hace poco no era cubierto por el Seguro Familiar de Salud del Sistema de la Seguridad Social.
Por eso, el plan integral de salud mental presentado por el Gobierno representa un paso necesario y oportuno para enfrentar una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada.
La pandemia marcó un antes y un después. No solo dejó secuelas físicas y económicas, sino también profundas heridas emocionales y psicológicas.
El aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, el consumo problemático de sustancias y los episodios de violencia intrafamiliar son fenómenos medibles, palpables y crecientes.
La sociedad dominicana los vive a diario, aunque muchas veces carezca de las herramientas para nombrarlos o enfrentarlos.
Resulta acertado que el Estado asuma la salud mental como un problema de salud pública, que requiere planificación, inversión, prevención y acompañamiento sostenido.
La salud mental no es un lujo ni un asunto marginal.
El país necesita que este plan se ejecute con seriedad, seguimiento y compromiso.
Atender la salud mental es una inversión en humanidad, en cohesión social y en futuro.
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