En el sector público, que es el mayor empleador del país, no hay una ley que regule el salario que debe percibir un empleado, sin importar la categoría que tenga en una empresa o institución oficial.
La última noticia que se tiene de la ley de marras es que fue aprobada en enero por la Cámara de Diputados. Debe ser conocida por el Senado para que, luego de promulgada por el Presidente de la República, se convierta definitivamente en ley.
A todas luces constituye una herramienta de primer orden, que vendría a poner muchas cosas en su lugar en las instituciones del Estado y organismos descentralizados, incluido, el salario para los altos directivos.
Un factor importante que saldrá a relucir es la falta de equidad. Sobre todo porque tomará en cuenta una escala salarial a base del trabajo, de las remuneraciones iguales para idénticas funciones, no importa el destino o la localización de la dependencia o empresa donde preste sus servicios el empleado.
La ley de salarios, que es una iniciativa del Ministerio de la Administración Pública, contribuirá, incluso, con el fortalecimiento de la institucionalidad, porque permitirá ver con ojos más críticos, con justicia y equidad, los casos de desbalances que imperan en la nómina pública.
Esperemos que antes de que concluya la presente legislatura el pueblo dominicano pueda contar con esta ley que reglamente el salario en el sector público.
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