Jean Alain Rodríguez, exprocurador.
SANTO DOMINGO.-En la acusación formulada por el Ministerio Público del caso Medusa, se hace constar que los implicados en la trama “criminal” suministraban productos de menor calidad a los contratados por el Estado.
Entre ellos se encontraba el salami, que debía ser de tres libras y media y el enviado era de tres libras o menos y de una marca de mucha menor calidad, “tornándose incomible y en ocasiones con gusanos.
Lo mismo pasaba con el aceite, los plátanos y el arroz. En el caso del aceite, se contrataban marcas reconocidas y en su lugar, se sustituía por otras desconocidas, los plátanos eran de los conocidos como rabiza y la sopita era Doña Nena, habiendo sido contratada previamente una marca de renombre.
En el caso del arroz, el Estado pagaba por uno selecto grado B, sin embargo, el despachado en los centros por los acusados era puntilla, amarillento, fermentado, a tal punto, que en los centros penitenciarios tenían que lavarlo con vinagre para combatir el mal olor que tenían y poder consumirlos.
En el expediente acusatorio se hace constar que estas situaciones, eran más comunes en los pedidos que se enviaban a la Cárcel Pública La Victoria donde los acusados enviaban los productos de menor calidad.
El cambio de marca era utilizado a los fines de incrementar sus beneficios económicos en desmedro de la alimentación y salud de los privados de libertad.
Las cantidades de las permutas o cambio de un alimento por otro, las negociaba con el centro penitenciario, por teléfono, el acusado Reynaldo De Jesús Santos de La Cruz, o en su defecto el despachador que le tocaba el centro.
Si el centro penitenciario no aceptaba el cambio, supuestamente se establecía como pendiente, pero la factura era reportada para cobro inmediatamente, y al final de cada año al concluir la vigencia del contrato, nunca se les reponía los alimentos adeudados.
El expediente agrega además que todas estas irregularidades, fueron documentadas e informadas a Jean Alain y a los miembros de su alta gerencia sin que éstos intervinieran para frenar la práctica.
En su defensa, los centros penitenciarios no firmaban ni sellaban los conduces a la hora de recibir los pedidos lo que condujo a la estructura, a falsificarlos.
