La renuncia sorpresiva de Roberto Saladín como miembro de la Junta Central Electoral, y luego su decisión de revocarla poco después, obliga a ese funcionario y a la Junta Central Electoral a dar una explicación, en virtud de que ese organismo incita a la desconfianza que podría traducirse en falta de credibilidad para arbitrar el proceso electoral de 2020.

En principio hubo la presunción de un conflicto entre los miembros de la Junta por diferencias en el manejo de la cotidianidad, ya que se rumora que las decisiones en la Junta vienen de manera vertical, a veces sin el consenso necesario.

La ciudadanía no puede albergar dudas sobre la honorabilidad de sus integrantes, ya que es vital que esa institución y sus altos ejecutivos gocen de la confianza para que sus veredictos en temas electorales puedan ser asumidos por la población, principalmente de los partidos políticos.

Una explicación clara y creíble puede despejar el panorama semioscuro que merodea a la JCE.

Preocupaciones
Lo que ocurre en torno a la crisis posprimarias comienza a preocupar a diferentes sectores de la sociedad, porque su extensión sin una definición clara podría tener repercusiones en ámbitos vitales del país, básicamente las labores urgentes de la JCE para organizar los comicios de 2020.

Las irregularidades más notorias fueron la compra de cédulas y el mercado que hubo alrededores de los centros de votación, que son de los elementos conocidos desde pasados procesos, y que han incidido en afectar la tranquilidad de la ciudadanía, y no hay explicaciones.