Rousseau y la democracia

Rousseau y la democracia

Rousseau y la democracia

Altagracia Suriel

A propósito de la necesidad de fortalecer la democracia, es pertinente recordar el ideal democrático de Rousseau que sigue tan vigente hoy como ayer:

El contrato social como base del poder
Para Rousseau el poder se fundamenta en el contrato social. Lo define como “una forma de asociación que defiende y protege de toda la fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado”.

Reafirmar la democracia en la República Dominicana implica superar el desafío de la inseguridad, reforzando la protección de un ciudadano que pueda transitar las calles sin armas y vivir sin alambre trinchera, guardianes o cámaras de seguridad para resguardar el sagrado don de la vida y sus posesiones.

El bien común como fin de la democracia
Para Rousseau, la sociedad debe ser gobernada únicamente en base al interés común. Afirma que, “la primera y más importante consecuencia de los principios establecidos antes es que la voluntad general puede dirigir por si sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución que es el bien común”.

Cuando el fin de la democracia de gobernar en base al interés común es secundario, se pervierte la democracia convirtiéndose en una desgracia para el pueblo.

Rousseau llama a librar al pueblo de “las seducciones de las voluntades particulares y de contrarrestar el atractivo de las ventajas presentes y sensibles con el peligro de los males alejados y ocultos”.

También alerta de la influencia de los intereses particulares en los asuntos públicos, recordando que al único a quien tiene que cortejar el gobernante es al pueblo si quiere lograr el fin de la democracia.

Pero, como dice Rousseau: “La verdad no reporta fortuna, y el pueblo no da ni embajadas, ni pensiones”. Pero, el pueblo sí da votos y quita y pone gobiernos.

Por eso, reafirmar la democracia, mirando a Rousseau y a Duarte, implica que las actuaciones del poder estén basadas en principios que permitan prevenir los males que atentan contra la voluntad general y asegurar la protección del individuo y la sociedad como bien supremo.