En la República Dominicana vivimos, de un tiempo a esta parte, bajo un régimen de derechos robados e imprudencia civil.
El robo de derechos es el delito más recurrente. Ocurre a plena luz del día, ante los ojos de las autoridades y sin que nadie asuma responsabilidades de castigo o persecución.
El robo del espacio público, en calles, puentes peatonales, mercados y alrededores de plazas comerciales, a todas luces es el más recurrente; y por tanto, se le roba al transeúnte el derecho de transitar por las aceras de las calles.
Hace tiempo que se robaron el derecho a transitar con sosiego y confiados por las llamadas vías de preferencia, en barrios y sectores residenciales.
El paso de peatón, que en otros países se le denomina paso de cebra, tampoco lo respetan los conductores; y el peatón, ante este robo de derecho, no tiene a quien reclamar.
A eso hay que agregar el robo de la luz roja de los semáforos. La imprudencia de conductores y motoristas asusta hasta llegar al horror. En fin, la enumeración se haría infinita.
La pregunta es, ¿qué autoridad podría intervenir para frenar esta ola de robos? Esto también tendrá que resolverlo el Presidente de la República. ¿O seguiremos perdiendo el país, cómplices todos y bajo un colectivo y silencioso contubernio?
