Como parte de su idiosincrasia, el dominicano se caracteriza por ser generoso y solidario con el más desvalido, con el que está en mala.

Por eso, cuando un campesino criollo quería resaltar que alguien era extremadamente malvado decía: «ese es capaz de robarle la sopa a un tísico (tuberculoso) y después romperle el plato en la frente».

Esa frase resumía el espíritu y la convicción del dominicano de que solo un bandido muy cruel, insensible, podía robarle la comida a un enfermo y encima golpearle.

Es obvio que los tiempos y las personas hemos cambiado, y no precisamente para bien.
Y digo esto porque ayer se difundió la denuncia de que aprovechando la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, solo a través de Salud Pública el Estado dominicano le había otorgado al vapor más de una veintena de contratos de compra por un valor de RD$1,600 millones a empresas de dudosa reputación (no todas).
Los oportunistas de afuera y sus cómplices en el gobierno habrían aprovechado el Estado de Emergencia que permite compras y contrataciones de urgencias para enfrentar el Covid-19. ¡Qué timbales!

Aprovechar una situación tan crítica como la que vivimos hoy para estafar al Estado, para venderle a sobreprecio equipos de bioseguridad y otros insumos médicos no solo es un robo, es un crimen de lesa humanidad.

Sabemos que el sistema de salud dominicano colapsó hace tiempo, debido, principalmente, a que durante décadas en el presupuesto se le ha asignado partidas pírricas, pues hasta ahora la Salud de la población no ha sido prioridad de para nuestros gobernantes. Por eso los hospitales públicos dan pena y vergüenza y solo se acuerdan de ellos si hay oportunidad para hacer negocios. Para colmo, cualquier asistente, cualquier botella, gana más que un médico especialista. Pero más que el tema de los bajos salarios, el principal problema de nuestros hospitales es la falta de recursos en sentido general.

Como si no hubiera sido suficiente con haber convertido la salud en una vulgar mercancía, donde el sector financiero, a través de las intermediarias privadas, mal llamadas Aseguradoras de Fondos de Pensiones (ARS) se ganan la gran tajada, sectores vinculados al poder aprovechan cualquier oportunidad -como ahora- para llenarse los bolsillos con dinero mal habido, aunque eso les cueste la vida a miles de dominicanos.

Esa es la realidad
Tras el escándalo generado por la denuncia de los contratos supraindicados, el presidente Danilo Medina dispuso la creación una comisión de veeduría para garantizar -según él- la transparencia de los procesos de compra. Podría ser muy buena la intención, pero eso no basta para disipar las sospechas de que gente de su gobierno se está aprovechando para sacar ventajas de la desgracia.

Afortunadamente, la gente está despertando. Por eso, a pesar del miedo al coronavirus y que cada quien debe cuidar su propia salud y la de los suyos, se levantan voces desde los partidos y desde la sociedad civil organizada para exigir transparencia.

No dejemos que además de la sopa, también le roben los pocos platos que aún no le han roto a este país digno de mejor suerte. ¡Basta!