A partir de la literatura económico financiera y las evidencias empíricas, ha quedado demostrado que cuando se produce un incremento del riesgo país, esto impacta de manera directa en una progresión en el costo de la deuda soberana de los países emisores de estos instrumentos de empréstitos. A su vez, se genera un efecto multiplicador en la propagación negativa, lo cual tiene consecuencias que se expresan en una elevación en el costo de fondeo de las empresas, en el entendido de que estas asumirían tasas de interés y rendimientos superior a los esperados por los asociados. 

Bajo el escenario planteado, en la práctica, las implicaciones inmediatas es que un mayor riesgo país desincentiva la realización de proyectos de inversión de la iniciativa privada, cuyos rendimientos serian cada vez más insignificantes y no lograrían resguardar los costos de la financiación. Aunque se tenga el interés para realizar grandes o pequeñas inversiones, al generarse un ambiente rodeado de un progresivo riesgo país, con un gran impacto negativo en el crecimiento económico, incremento en los costos de los servicios e inseguridad en el bienestar de la población en conjunto, la incertidumbre derrumba todas las expectativas favorables de la economía.

Y que, si los inversionistas toman la genial decisión de invertir sus recursos financieros en cualquier instrumento que ofrece el mercado, incluyendo bonos soberanos, lo hacen conscientes de que los mismos tendrán una vinculación intima con los riesgos económicos, sociales, institucionales y políticos que puedan ocurrir en el país. Pues Indiscutiblemente que la decisión de invertir en un país ha de ser bien ponderada de manera sesuda, donde las agencias calificadoras de riesgos suministran informaciones muy valiosas y comprometedoras con el cuadro económico que predomine.

Y ha de ser así, en la inteligencia de que el riesgo país está estrechamente vinculada a la probabilidad de que sobre un país aparezcan, en cualquier momento y circunstancias, nubarrones que sean desfavorables al cumplimiento de los compromisos financieros que se asuman. Si un gobierno se acostumbra a financiar sus gastos corrientes, o financiar el presupuesto, sustentado en emisiones frecuentes de deuda soberana, la posibilidad de incumplimiento no tardará mucho en reflejarse y el deterioro de la imagen crediticia se profundiza cerrando el acceso a los mercados de deudas.

Es en tal virtud que resulta juicioso analizar el riesgo país desde una perspectiva de la política macroeconómica, colocando en primer plano los factores que son determinantes en el riesgo país. En efecto, entre las variables macroeconómicas de mayor relevancia aparecen el déficit fiscal, las reservas internacionales, los niveles de inflación, la tasa de interés, la dinámica de la actividad económica, la situación política, el entorno geopolítico, el endeudamiento público, la capacidad de pago y el riesgo regulatorio.

Hay que poner de relieve que una combinación del riesgo económico y el riesgo político con sus respectivos factores determinantes, son altamente muy desfavorable al riesgo país. Es por ello que si el riesgo económico es alimentado por un debilitamiento de la economía, insostenibilidad de sus finanzas públicas, alta inflación y la deuda se incrementa sin pausa, entonces, esto incide en aumentar el riesgo país, pero si el riesgo político se asocia con el advenimiento de los procesos electorales, la inestabilidad de las medidas económicas y políticas, la   incapacidad del gobierno para dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía, es obvio que se estaría asistiendo a un repunte del riesgo país.

Bajo ese enfoque se entiende que, mientras más alta sea la calificación de riesgo país, mayor es el costo del endeudamiento, menor va a ser la maniobrabilidad de la política económica, lo que se traduce en una elevación del riesgo país. Por igual, un elevado riesgo país influiría en las decisiones de inversión, lo que determinará un menor flujo de fondos hacia un país determinado, subrayando que el riesgo país, esencialmente, muestra el grado de desconfianza de los mercados en la capacidad del gobierno para hacer frente a sus deudas y obligaciones, bajo reservas de la variación de otros factores, que finalmente son los que influyen en esa capacidad de pago.

A la luz de la verdad, para el riesgo país es primordial un clima de estabilidad política y macroeconómica, condicionado a mitigar cambios abruptos en la esfera del Estado, la actitud de los ciudadanos, respeto a la libertad de expresión, los movimientos políticos y sociales, los cuales se convierten en un factor de riesgo de alto poder. Sobre esa base, se puede interpretar que el comportamiento del riesgo país en la región de América Latina, en los últimos cinco años, ha estado influido por una situación de vulnerabilidad en orden ascendiente, cuya máxima expresión ha sido un deterioro e incertidumbre que se expresa en el desempeño mediocre de la economía.