El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo ha anunciado que será enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley 1-24 que regula el aparato de seguridad del Estado y crea la Dirección Nacional de Investigaciones.
Acoge así el reclamo de muchos sectores que cuestionan el contenido de algunos artículos y la redacción ambigua de los mismos.
En todo momento el Gobierno ha manifestado su disposición a discutir las observaciones que se le han hecho a la citada legislación y abocarse a los cambios que se estimen necesarios para no dejar brecha a que en el futuro esa importante pieza legislativa pudiera servir para violentar derechos constitucionales de ciudadanos.
Cuando las modificaciones sean sometidas al Congreso y vista la buena disposición del Gobierno, de seguro que saldrá una mejor ley que la recién promulgada.
Oficialismo, oposición y las organizaciones sociales que se han pronunciado al respecto, coinciden en la pertinencia de dotar de un ordenamiento jurídico al sistema de seguridad del Estado, incluyendo a los organismos creados para su preservación.
Lo que se ha pedido ha sido tener el cuidado de preservar derechos constitucionales y no dejar brechas para que en el futuro se hagan malas interpretaciones del texto de la ley para fines no democráticos.
