Rafael Espinal, economista INTEC.
*Por Rafael Espinal
El mundo entró en la pandemia del COVID a mediados de marzo y la República Dominicana inició un cierre total de su espacio aéreo y un coma inducido de la economía, al declarar un estado de emergencia, una paralización de las actividades productivas y servicios no esenciales y un largo toque de queda diario para evitar un trastorno irrecuperable del sistema sanitario.
Estas acciones preventivas de mayores daños en la salud de la población,han generado desequilibrios extraordinarios en el sector externo de la economía, una caída brusca del PIB y del empleo, y un desbalance inesperado en el déficit público, por la caída de los ingresos y la necesidad de expansión del gasto en salud y en la creación de líneas de vida.
La pandemia afecta de modo sensible a las economías que tienen un fuerte componente de turismo en su estructura productiva. En el caso dominicano, aunque el turismo representa el 7.5% del PIB, los encadenamientos productivos con otros sectores explican hasta el 20% de su estructura económica y un generador de alrededor de 350 mil empleos directos e indirectos. La pérdida de empleos en los países de origen de los turistas, el temor a viajar y el cierre de fronteras aéreas han colapsado la oferta de divisas en cerca de 5 mil millones de dólares y su recuperación en 2021 no tiene un porvenir promisorio.
El déficit de cuenta corriente podría aproximarse alrededor del 6.5% del PIB, si sumamos además, la reducción de las exportaciones, de las remesas y de la inversión extranjera, con un balance negativo de unos 9 mil millones de dólares. Sin dudas, este desequilibrio se expresa en un alza interanual de la tasa de cambio en más de un 11.3% al mes de julio. Asimismo, la pérdida de Reservas Internacionales Netas se ha reducido desde diciembre a la fecha en cerca de 3 mil millones de dólares.
El Banco Central en su informe del primer semestre del año calcula un derrumbe en el PIB del orden de -8.5 por ciento. Mientras la CEPAL pronostica una reducción de la economía -5.2% para el cierre, mientras algunas calificadoras de riesgo estiman un -6.5 % en el decrecimiento para el 2020. Este desplome de la producción de bienes y servicios se manifiesta de modo dramático en la suspensión de 1 millón 335 mil trabajadores y la quiebra masiva de numerosas empresas, en especial las pequeñas empresas formales e informales, una generalizada caída en el consumo y una desconcertante inseguridad en el futuro del sistema educativo y de la capacidad fiscal del gobierno para solventar las necesidades de apoyo por vía de transferencias monetarias a los consumidores y a las empresas para atenuarlos efectos sociales de la crisis.
De cara a este drama,el presidente electo Luis Abinader asume el gobierno con la encomienda de establecer prioridades políticas inmediatas para proporcionar alivio a la familia dominicana y promover la recuperación económica. Para iniciar este propósito necesitará con urgencia obtener recursos frescos para afrontar un déficit público superior a 300 mil millones de pesos.
Desde nuestra perspectiva, debe acudir al FMI para negociar de inmediato un acuerdo de facilidad financiera de largo alcance,que provea dólares para mejorar la posición de balanza de pagos y permita flexibilizar la demanda de recursos para extender y ampliar hasta diciembre los programas de transferencia monetaria y de apoyo a las PYMES por vía de moratorias fiscales, suspensión de anticipos y facilitación de fondos líquidos para capital de trabajo a tasas de interés subsidiadas. Asimismo, el nuevo gobierno tiene dentro de sus alternativas inmediatas realizar una emisión de bonos soberanos por no menos de 2 mil millones de dólares, aprovechando la buena calificación que aun ostenta la economía dominicana.
Por otra parte, las autoridades monetarias deben mantener y ampliar una política monetaria expansiva con una baja tasa de interés y una flexibilización del crédito, propiciando una cierta modificación a la normativa bancaria para apoyar a las medianas y pequeñas empresas, aun cuando esto implique una relativa política de adaptación a unas metas de inflación menos rígidas y de control de la tasa de cambio del dólar.
Finalmente, la política expansiva de gasto público para propiciar un retorno de la demanda agregada y del empleo, resultante de apalancamiento financiero al que están obligados las nuevas autoridades, no debe enfocarse exclusivamente en extender y prolongar las líneas de vida de los programas sociales, sino que corresponde desarrollar un plan nacional de inversiones en sectores claves de la industria, en la producción de alimentos y de obras de infraestructura para evitar una crisis alimentaria y el retorno a la pobreza de miles de trabajadores parados y de familias arruinadas por el colapso económico del COVID 19.
*El autor coordinador de la Escuela de Economía de Intec.
