¿Quién está ordenando las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana? ¿Es el gobierno? Porque están ocurriendo en un momento de alza en la criminalidad común, en medio de una ola de atracos y asaltos en los barrios de la capital y en el Gran Santo Domingo; ¿es la Reforma Policial? Pero no se han anunciado por el momento ningunas medidas de prevención y control de los delitos, y si las hace no puede extralimitarse por la Constitución; ¿es la Policía Nacional? Sería extraño, pues, según la Constitución de 2024, ésta no tiene facultad de deliberar, y depende directamente del presidente de la nación (Art. 255).
Las ejecuciones extrajudiciales que de pronto han brotado en la realidad social dominicana tienen sus características propias. Son hechos sumarios, son asesinatos selectivos. Surgió el problema casi de inmediato de la designación de un nuevo director de la Policía Nacional. No interesa nada más que indicar que es una realidad de esas muertes, que están ahí, contadas. La ley ha cruzado la línea, y ha creado una situación de anarquía y caos, que niega los principios democráticos de nuestra nación.
La gravedad de las ejecuciones extrajudiciales se interpreta como una violación grave de derechos humanos que se ve acentuada porque quienes la cometen son los funcionarios del gobierno. Aun así, fuimos testigos televisivos de un Cuerpo del orden llamado a combatir el crimen fuera del marco de las facultades constitucionales y legalmente autorizadas.
Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios deliberados perpetrados por orden o con la complicidad o la aquiescencia de un gobierno. Están prohibidas desde el Estatuto de Nürember (1945), que constituyó el principal antecedente para la persecución, enjuiciamiento y castigo de crímenes cometidos por los Estados contra poblaciones civiles, y también por Convenciones y Tratados Internacionales. Todas señalan la protección del derecho a la vida y prohíben su privación arbitraria.
El pueblo dominicano le ha tenido miedo al uniforme por muchos años. Por eso jamás un ciudadano entra tranquilo a un cuartel de Policía. Si ahora pasamos a la fase de que el uniforme está matando personas, sean delincuentes o no, tendría implicancias que afectarían la tranquilidad y la paz social. Una de ellas es la ciudadanía en medio del “fuego de cruzado” de los intercambios de disparos.
No hay que cerrar los ojos frente a las ejecuciones extrajudiciales. En todas sus formas debe ser objeto de condena, ya que se considera un asesinato cometido o tolerado por los gobiernos. En el mes de septiembre, estas ejecuciones extrajudiciales fueron sumarias; pero también hay que estar pendiente de las arbitrarias, violatorias de todos los principios generales del derecho.
El país no puede vivir en un régimen de muertes arbitrarias, como resultado de aplicación de tortura, uso excesivo de la fuerza por la Policía, agresiones cometidas por grupos dentro de la PN, muertes resultantes de una desaparición forzosa, o de circunstancias poco claras, en las cuales la víctima se encontraba en poder de sus aprehensores (agentes de Estado).
Usualmente utilizamos estos espacios para elogiar a la Policía Nacional. Pero no, no existe la pena de eliminación de personas (pena de muerte). Estamos cansados del país de delincuentes que tenemos; estos están en todos los grupos sociales e incluso con autoridad.
