Santo Domingo.- Retirar un 30 por ciento de los ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podría reducir entre 25% y 35% las pensiones de los trabajadores, lo que se traduciría en una merma en la calidad de vida de los afiliados.
Así lo afirmó el economista Jaime Aristy Escuder, al detallar las consecuencias del retiro anticipado de esos recursos, como lo consigna un proyecto de ley.
«Significaría en primer lugar una reducción de las pensiones que van a reducir las personas de entre 25 y 35 por ciento, dependiendo si eres hombre o mujer», manifestó Escuder.
Agregó que, aunque «suene bonito», la distribución de ese dinero haría más mal que bien al país porque el espíritu del mismo es garantizar el retorno de esos ahorros cuando el trabajador ya no tenga fuerzas para trabajar.
Expresó que a todo lo anteriormente citado, el país tendría «una caída de la inversión y el empleo, de forma tal que se podría concluir que no es conveniente la entrega de ese dinero».
Para el economista, la repercusión de destinar los fondos de pensiones a fines no establecidos en la ley caería sobre el Banco Central, que tendría que enfrentar un aumento de las tasas de inflación e interés y presión sobre el tipo de cambio.
«Habría una presencia mayor de lo que sería la inflación importada porque si sube el tipo de cambio implica una situación de deterioro del poder de compra de la población y en consecuencia habría una caída de la inversión y el empleo».
Citó como ejemplo Chile, que tras entregar parte de los ahorros de los fondos de pensiones ha sufrido un incremento en la tasa de inflación y la tasa de depreciación de su moneda.
Recordó que «los ahorros que están en las cuentas de capitalización individual ascienden a RD$700 millones, de los cuales los trabajadores han colocado el 14%, el empleador el 32% y el 54% restante proviene de la rentabilidad de esos fondos».
Desde mediados del pasado año, amplios sectores de la sociedad han advertido sobre el impacto funesto que podría tener para la República Dominicana el retiro anticipado de un 30% de los ahorros para las pensiones administrados por las AFP.
Actualmente una comisión bicameral estudia las modificaciones a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.
