La responsabilidad social, en sus variantes empresarial (RSE), corporativa (RSC) e institucional (RSI), ha ganado terreno en República Dominicana en las últimas dos décadas.
Se presenta como una expresión de compromiso y solidaridad hacia los sectores más vulnerables; sin embargo, algunos se preguntan si esta práctica ya ha trascendido la retórica para convertirse en un verdadero motor de transformación social.
La RSE y la RSI en República Dominicana ofrecen ventajas fiscales, reputacionales y estratégicas que benefician tanto a las organizaciones como a la sociedad, pero, para que estos beneficios no se queden en la superficie, es necesario avanzar hacia una regulación más robusta y una evaluación transparente de resultados.
En el plano internacional, la RSE dejó de ser un gesto voluntario desde mediados del siglo XX en países como Estados Unidos, y hoy se encuentra regulada en naciones latinoamericanas como Colombia, Perú y Venezuela.
Incluso, regiones europeas como la Comunitat Valenciana han legislado para que la responsabilidad social no dependa de la buena voluntad empresarial, sino de obligaciones claras y medibles.
En contraste, en República Dominicana esta práctica se encuentra en una etapa incipiente, con avances fragmentados y sin un marco normativo robusto que obligue a las instituciones a rendir cuentas.
La práctica local es interesante y muestra luces y sombras, mediante acciones de empresas de capital privado e instituciones del Estado que impulsan iniciativas loables y sostenibles.
También abundan los casos en los que la responsabilidad social se reduce a campañas publicitarias o donaciones puntuales que buscan mejorar la imagen corporativa más que transformar realidades.
Es necesario que las instituciones públicas y privadas asuman compromisos verificables en áreas críticas como la reducción de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la mejora de los servicios básicos.
Evitar que la responsabilidad social sea vista como un espejismo de solidaridad se constituye en un desafío, porque no basta con promover o inaugurar programas, sino que hay que medir resultados, publicar indicadores y someterse al escrutinio ciudadano.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han advertido que la responsabilidad social es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En República Dominicana esto implica que la RSI debe dejar de ser un accesorio y convertirse en parte de la política pública, asumiendo que la reputación institucional no se construye con discursos, sino con hechos que impacten verdaderamente en la vida de la gente.
La responsabilidad social en el país debe dar un salto cualitativo y pasar de la voluntariedad decorativa a la obligación ética y legal, para cerrar espacios a prácticas superficiales o “marketing social”.
No obstante, hay que convenir que la ética corporativa en República Dominicana ha avanzado bastante, porque, incluso, la gran mayoría de las empresas grandes ya tienen códigos de ética y mecanismos de denuncia, pero sigue como reto la aplicación efectiva de esos códigos y la transparencia de resultados.
La aplicación adecuada de políticas de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social institucional genera beneficios estratégicos importantes, entre los cuales se puede citar, la reputación positiva que abre puertas a colaboraciones con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.
