En nuestro país está ocurriendo algo extraordinario y, hasta hace poco, impensable, y es que por primera vez se están fabricando en el país equipos especializados para la recolección y manejo de residuos sólidos, adaptados a nuestra geografía, nuestras calles, nuestras realidades.
Equipos “aplatanados”, como se dice coloquialmente, pensados desde lo local para resolver un problema que durante décadas ha sido abordado con soluciones traídas del extranjero, muchas veces ineficientes o insostenibles en el tiempo.
La producción nacional de estos equipos, además de marcar un hito técnico, coloca a nuestro país a la vanguardia en el Caribe y Centroamérica en esta materia. Mientras otras naciones continúan dependiendo de maquinaria importada, cara, frágil y sin respaldo técnico, República Dominicana ha dado un paso audaz hacia la autonomía tecnológica y el fortalecimiento de su industria local.
Este avance, sin embargo, no puede dejarse al azar del mercado. Es responsabilidad del Gobierno proteger esta naciente industria mediante políticas públicas que fomenten su desarrollo.
Se requieren incentivos directos, como facilidades fiscales para fabricantes nacionales, acceso a financiamiento preferencial, apoyo a la investigación e innovación, y programas de formación de técnicos especializados.
Pero también se necesita protección estratégica, mediante regulaciones que eviten la competencia desleal de productos importados que, aunque aparentemente más baratos, resultan insostenibles por la falta de piezas, talleres y personal capacitado.
La propia Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas contempla el principio de prioridad a los proveedores nacionales.
Sin embargo, se hace urgente que este mandato se aplique de manera más específica y efectiva en el sector de residuos sólidos, a través de resoluciones administrativas u otros instrumentos normativos que den un tratamiento especial a los equipos y tecnologías fabricados en el país.
No se trata de cerrar el mercado, sino de fortalecer el músculo productivo dominicano en un área crítica para el desarrollo y la salud pública.
Basta con mirar alrededor para entender la magnitud del problema. Decenas de camiones recolectores adquiridos a precios atractivos en el extranjero hoy yacen arrinconados, abandonados por falta de repuestos o soporte técnico.
Es una realidad dolorosa y costosa: millones de pesos perdidos, y una brecha cada vez más profunda entre la inversión y los resultados. Mientras tanto, los gobiernos locales enfrentan enormes presiones para mantener limpias sus ciudades, sin herramientas adecuadas y con presupuestos limitados.
Por el contrario, producir estos equipos en el país reduce esos riesgos, además de impulsar el empleo, fortalecer la industria del acero, estimular la innovación tecnológica y, sobre todo, brindar soluciones duraderas y ajustadas a nuestra realidad.
Además, está avanzando con pasos firmes el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a equipar estaciones de transferencia con herramientas funcionales, simples, duraderas y compatibles con las condiciones de nuestras ciudades y municipios.
Y muy pronto, comenzaremos a ver en el país plantas clasificadoras y valorizadoras de residuos diseñadas y ensambladas aquí mismo, elevando aún más nuestro liderazgo regional en este campo.
Todo esto confirma que tenemos un futuro brillante en la industria del manejo de residuos sólidos, pero ese futuro necesita reglas claras, apoyo político e institucional, y un marco legal que priorice lo nacional sin caer en el proteccionismo extremo.
La gestión de los residuos no puede seguir viéndose como un gasto. Es una oportunidad de desarrollo económico, una fuente de innovación, una herramienta de inclusión social y, sobre todo, un motor para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Incentivar y normar este sector no es sólo una estrategia económica inteligente, sino un acto de justicia y visión de país.
