Como todo sistema político y modelo de organización social, la democracia es un invento humano. Nada de natural o antinatural le adornan. Es más común definirlo frente a su opuesto que es la tiranía, que formular una explicación propia. Está claro que un gobierno donde la mayoría decida el rumbo de las cosas públicas es superior en términos de la dignidad de los seres humanos a uno que siga los dictados de una persona o una minoría. El grado de participación de todos en gobiernos de esa naturaleza varía, pero es indispensable que la delegación de las funciones del Estado sea por voto universal y secreto, entre al menos dos opciones diferenciadas.
Una virtud que tiene la democracia -muy relevante- es que permite a la sociedad cambiar el liderazgo del Estado regular y pacíficamente y así evitar conflictos y guerras internas para tumbar malos gobiernos. A ese atributo Karl Popper le llama sociedad abierta. No todas las llamadas democracias son sociedades abiertas, el abuso de los recursos del Estado, el control de los medios de comunicación y la dependencia de grandes sectores de la sociedad de la dádiva gubernamental genera falsas mayorías que confirman electoralmente a gobiernos medularmente autoritarios.
Amartya Sen, premio nobel de Economía del 1998, afirma que en una verdadera democracia no existe hambruna precisamente porque la sociedad hace los correctivos de lugar de sus liderazgos y estos saben que corren el riesgo de ser desplazados si no se ocupan de los intereses del pueblo. Esa misma tesis se puede afirmar sobre la libertad de prensa o culto.
En una auténtica democracia -no lo que tenemos- ningún periodista es comprado por el Estado o se le cierra el canal de expresión a un comunicador opuesto al gobierno. Ya este gobierno lo ha hecho varias veces y el último caso, el de Marino Zapete, es grosero en su forma y motivo. Al menos quedan las redes sociales que siguen siendo un canal idóneo para expresar la opinión de quienes develan las acciones del poder para perjudicarnos.
Vinculado al caso Zapete es indispensable en una democracia una justicia independiente y activa frente a las violaciones de la ley, tanto en su nivel de persecución, como en el plano de la judicatura. La medida de la calidad de la justicia en toda democracia se hace notoria cuando toca perseguir a quienes detentan poder político y económico. Si eso no es posible, no hay justicia, ni democracia.
En el plano legislativo dominicano el abuso del poder que reciben -delegado del pueblo- los congresistas se hace visible en la obtención corrupta de beneficios, la promulgación de leyes absurdas y el freno a supervisar al poder Ejecutivo, que es función esencial del Congreso, como vimos con el caso de los pagos a los asesores brasileños que solicitó Faride Raful.
No vivimos en democracia y por tanto debe ser tarea política y social de primer orden conducir al Estado Dominicano y los partidos políticos a establecer un régimen democrático pleno para el bienestar material y espiritual de la sociedad.
