República Dominicana registró el mayor avance global en el WJP Rule of Law Index 2025, al subir del puesto 86 al 76 entre 143 países evaluados, con un incremento de su puntaje general de 0.49 a 0.50, equivalente a una mejora del 2.1 %.
Este resultado refleja un fortalecimiento sostenido de las instituciones públicas, con progresos significativos en siete de los factores evaluados por el índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal.
El World Justice Project (WJP) es una iniciativa internacional independiente que evalúa, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana.
Sus indicadores abarcan la ausencia de corrupción, el acceso a la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, entre otros aspectos.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, este resultado “es una señal clara de que la República Dominicana avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.
“El Índice del World Justice Project no es una competición, es una brújula. Nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos seguir caminando. La mejora de este año refleja el esfuerzo sostenido de jueces, juezas y servidores judiciales que han entendido que la justicia se construye cada día, con datos, con transparencia y con sentido humano”, afirmó el magistrado Molina.
Según el informe, uno de los principales impulsores del progreso del país en el índice proviene del fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en 2025 registró mejoras en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción.
Este avance está directamente vinculado con la implementación del sistema de gestión de casos penales a nivel nacional, que ha permitido una mayor trazabilidad de los expedientes, mejor control de plazos y reducción de la mora judicial.
El progreso también refleja el trabajo conjunto de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Esta instancia ha impulsado mecanismos de interoperabilidad e intercambio de información, programas de formación conjunta y mecanismos de seguimiento para garantizar decisiones más ágiles y coherentes.
Asimismo, la expansión de los métodos alternos de solución de conflictos, especialmente la mediación y los acuerdos, ha contribuido a descongestionar los tribunales y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
En el ámbito de la justicia civil, el informe destaca avances en la agilidad de los procesos, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, como resultado de los programas de eficiencia implementados desde 2019 en los tribunales civiles, comerciales y contencioso-administrativos.
La consolidación de los mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, ha permitido ofrecer vías más rápidas y accesibles para resolver conflictos entre particulares y empresas.
Estos progresos evidencian un patrón común: mayor eficiencia, cooperación institucional y confianza en los procedimientos judiciales, factores que explican el avance del país en los componentes del índice vinculados al ejercicio efectivo de la justicia.
El informe también resalta el papel del gobierno abierto y la transparencia judicial, fortalecidos por la creación del Observatorio del Poder Judicial y la Juriteca, plataformas que publican en tiempo real estadísticas y decisiones judiciales.
Estas herramientas, junto con la Política de Participación Social y la Política de Datos Abiertos, han convertido a la justicia dominicana en un referente regional en materia de apertura institucional.
Con esta mejora, República Dominicana se posiciona entre los 16 países mejor ubicados de los 32 que conforman América Latina y el Caribe, consolidando una tendencia de fortalecimiento institucional gradual y consistente entre 2019 y 2025.
El reto, de cara a la Justicia del Futuro 2034, es continuar avanzando hacia una justicia más ágil, accesible y transparente, centrada en la persona y en la confianza ciudadana.
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