Santo Domingo.– República Dominicana logró el mayor progreso mundial en el Índice de Estado de Derecho 2025, de Rule of Law Index 2025– World Justice Project (WJP), al subir 10 posiciones y ubicarse en el puesto 76 de 143 países evaluados. El país mejoró su puntuación de 0,49 a 0,50, lo que representa un incremento del 2,1%, el más alto registrado este año a nivel global.
El informe destaca avances sostenidos en siete de los factores que mide el índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal, lo que evidencia un fortalecimiento institucional y una mejora en la aplicación efectiva del Estado de Derecho.
World Justice Project (WJP) es una iniciativa internacional independiente que mide, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana. El estudio evalúa aspectos como la ausencia de corrupción, el acceso a la justicia, la transparencia gubernamental y el respeto a los derechos fundamentales.
“No es una competencia, es una brújula”
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, el ascenso de República Dominicana en este índice “es una señal clara de que el país avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.
“El Índice del World Justice Project no es una competición, es una brújula. Nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos seguir caminando. La mejora de este año refleja el esfuerzo sostenido de jueces, juezas y servidores judiciales que han entendido que la justicia se construye cada día, con datos, con transparencia y con sentido humano”, afirmó el magistrado Molina.
Justicia penal: trazabilidad, eficiencia y menos mora judicial
El informe atribuye uno de los principales impulsos al progreso del país a los avances en el sistema de justicia penal, que en 2025 registró mejoras significativas en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción.
Estos resultados se asocian directamente a la implementación del sistema de gestión de casos penales a nivel nacional, que ha permitido mayor trazabilidad de los expedientes, un mejor control de plazos y la reducción de la mora judicial.
El progreso también responde al trabajo coordinado de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que han impulsado mecanismos de interoperabilidad de información, capacitación conjunta y seguimiento de casos para garantizar decisiones más ágiles y coherentes.
Asimismo, la expansión de los métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y los acuerdos, ha contribuido a descongestionar los tribunales y a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
Justicia civil más ágil y con menor percepción de corrupción
En el ámbito de la justicia civil, el informe destaca avances en la agilidad de los procesos, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, gracias a los programas de eficiencia implementados desde 2019 en los tribunales civiles, comerciales y contencioso-administrativos.
La consolidación de los mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, ha permitido ofrecer vías más rápidas y accesibles para resolver conflictos entre particulares y empresas, reduciendo la carga de los tribunales y mejorando la experiencia de los usuarios del sistema.
Transparencia y apertura: pilares de una justicia moderna
El informe también resalta el papel del gobierno abierto y la transparencia judicial como fortalezas estructurales de la República Dominicana. La creación del Observatorio del Poder Judicial y de la Juriteca, plataformas digitales que publican en tiempo real estadísticas, decisiones judiciales y datos procesales, ha reforzado la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Estas herramientas, junto con la Política de Participación Social y la Política de Datos Abiertos del Poder Judicial, consolidan a la justicia dominicana como referente regional en apertura institucional y fortalecen la confianza pública en los procesos judiciales.
Un liderazgo regional en fortalecimiento institucional
Con esta mejora, la República Dominicana se posiciona entre los 16 países mejor evaluados de los 32 que conforman América Latina y el Caribe, consolidando una tendencia de fortalecimiento institucional gradual y consistente desde 2019 hasta 2025.
El WJP Rule of Law Index 2025 reconoce así los esfuerzos sostenidos del país en materia de modernización judicial, coordinación interinstitucional y eficiencia procesal, factores que explican su ascenso en el ranking mundial.
De cara al futuro, el desafío —según los lineamientos de la Visión Justicia del Futuro 2034— es continuar avanzando hacia una justicia más ágil, más accesible y más transparente, centrada en la persona y en la confianza ciudadana.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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