El canciller Miguel Vargas
SANTO DOMINGO.-Una declaración de Cuba sobre el uso de la Base Aérea de San Isidro para transportar ayuda humanitaria a Caracas y canalizar eventualmente una invasión militar, ha colocado a República Dominicana en medio del conflicto político que atraviesa Venezuela.
Según el comunicado de La Habana, los vuelos se habrían realizado entre el 6 y 10 de febrero a espaldas del Gobierno dominicano.
Sin embargo el canciller Miguel Vargas negó la denuncia del gobierno cubano y reiteró que el país está apegado al principio de no intervención en asuntos de otras naciones.
“Tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, la solución debe ser mediante la celebración de elecciones libres, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con el acompañamiento de la comunidad internacional”, declaró Vargas.
Las Fuerzas Armadas del país emitieron su parecer en la persona del mayor general piloto Richard Vázquez Jiménez, quien restó importancia a la denuncia del gobierno cubano, al tiempo que aseguró que la soberanía nacional está garantizada.
El comunicado de Cuba también incluyó a Puerto Rico y otras islas del Caribe que no fueron nombradas.
Diálogo fallido
A finales de 2017 e inicios de 2018 el gobierno impulsó un diálogo en el país en el cual el oficialismo y la oposición venezolana discutieron sus diferencias.
Las negociaciones fueron suspendidas en medio de acusaciones mutuas de falsedad y desinterés.
Maduro entonces procedió a prometer una reanudación del diálogo tras las elecciones, pero el presidente Danilo Medina no aceptó la propuesta.
“Conmigo no han hablado y yo no creo que participe en ningún diálogo”, dijo Medina entonces.
Tras las elecciones, la Organización de Estados Americanos emitió una resolución en la que desconocía el proceso electoral, que contó con el apoyo de 19 países, entre los cuales se encontraba República Dominicana.
Origen del problema
— Rechazo
La carencia económica que vive Venezuela ha motivado a la comunidad internacional a enviar ayuda humanitaria, pero ha sido rechazada por el gobierno, alegando que no hay crisis.
