República Dominicana: El punto estratégico del narcotráfico en el Caribe

La República Dominicana cuenta con 1,288 kilómetros de perímetro costero. Su ubicación geográfica le otorga un importante valor geoestratégico para el comercio internacional; sin embargo, esta misma condición facilita las operaciones de las redes criminales.

Así lo establece la acusación formal contra los implicados en la red de narcotráfico Caimán, una estructura integrada por seis narcofamilias que operaba en la región Sur del país, específicamente en Barahona, Pedernales, Azua y Peravia.

Aunque la posición del territorio dominicano beneficia a pilares económicos como el turismo, que aporta más de US$7,000 millones al año, también es aprovechada por estructuras criminales para el tráfico de drogas, el terrorismo, el crimen organizado, la migración irregular y el contrabando.

La ruta estratégica desde Colombia.

Según el documento del Ministerio Público, Colombia, principal productor de cocaína y cuna de algunos de los primeros grandes capos del narcotráfico mundial, como Pablo Escobar, identificó a la República Dominicana como un puente clave para movilizar cargamentos de drogas a escala internacional.

La logística del trasiego se conecta con el departamento de La Guajira (Alta Guajira), zona protegida como parque nacional que abarca 20,848 km² y donde habitan comunidades autóctonas como los wayúu, con un papel señalado en el trasiego de drogas hacia el Caribe, específicamente hacia las provincias de Barahona y Pedernales.

Esta franja marítima representa el punto de contacto más cercano entre ambos países, con una distancia aproximada de 325 millas náuticas (601 kilómetros).

En la instancia, el Ministerio Público indica que las estructuras criminales emplean lanchas tipo GoFast, propulsadas por motores fuera de borda de 75 HP, para realizar el trayecto con rumbo norte franco en un tiempo estimado de 48 horas, a una velocidad promedio de 12 nudos.

Origen histórico: de los carteles colombianos al monopolio local y Rolando Florián Féliz

Estas ventajas geográficas facilitaron que, durante la década de 1990, el litoral costero del Sur, específicamente en Barahona, Pedernales, Azua y Peravia, se convirtiera en una zona de interés para organizaciones como el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle.

En este contexto emergió Rolando Florián Féliz, quien inició su trayectoria como lanchero, ascendió a coordinador logístico y finalmente se consolidó como uno de los primeros grandes capos dominicanos. Florián Féliz estableció vínculos directos con líderes de los carteles sudamericanos y se convirtió en una figura temida por la crueldad de sus acciones.

Esto, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, que explica que para 1993 la provincia de Barahona albergaba a 73,698 habitantes.

La escasa inversión estatal y la falta de oportunidades de desarrollo llevaron a parte de la población de Barahona y Pedernales a buscar alternativas económicas fuera de la agricultura y la pesca. Esta última actividad quedó ligada de forma natural a la logística del narcotráfico, consolidando una "narcoeconomía" paralela, percibida como una vía de ascenso social para comunidades vulnerables.

Proliferan las "narcofamilias" y la "narcocultura".

A lo largo de tres décadas, el narcotráfico evolucionó en la región Sur mediante la creación de clanes familiares asentados en el territorio. En la actualidad, las estructuras con mayor posicionamiento en la zona son: Los Florián, Los Gloria, Los Cuevas y Los Féliz.

El control territorial para la recepción y comercialización de narcóticos se concentra en municipios específicos:
Provincia de Barahona: La Ciénaga, Paraíso y Enriquillo, aprovechando la lejanía del municipio cabecera de Santa Cruz de Barahona.

Provincia de Pedernales: el municipio de Oviedo y el distrito catastral de Juancho.

Esta dinámica ha generado una "narcocultura", donde el tráfico ilícito se percibe como una actividad comercial normalizada, guardando similitud con la distorsión social observada en los "viajes en yola" hacia Puerto Rico en la región Nordeste.

El fenómeno de los "playeros" y los enfrentamientos armados. Uno de los elementos de mayor preocupación durante la investigación fue la presencia de los denominados "playeros". Estos grupos conformados por familias completas que pernoctan en el litoral costero del Parque Nacional Jaragua.

Se estima la existencia de unos 400 paraderos o casuchas improvisadas, habitados por más de 500 personas entre adultos, jóvenes, adolescentes, niños y ciudadanos de nacionalidad haitiana.

Estos grupos permanecen durante meses en las costas para: Para brindar seguridad a las narcolanchas, también para alertar sobre la presencia de otros grupos o de las autoridades.

Otra función es de recuperar (playear) paquetes de cocaína que llegan a la deriva y efectuar "tumbes", es decir, robos de cargamentos en altamar o en la costa mediante el uso de armas largas.

A diferencia de los lancheros internacionales, quienes suelen evitar la confrontación directa, los "playeros" representan un alto nivel de peligrosidad. Las fuerzas de acción táctica han registrado intensos enfrentamientos armados contra estos grupos al intentar intervenir en la zona.

Los cargamentos sustraídos por los "playeros" son posteriormente comercializados a precios reducidos, provocando disputas territoriales, secuestros y homicidios en la región Sur.

Redes comunitarias y el microtráfico después del caso Paya.

El expediente del Ministerio Público destaca que la penetración del crimen organizado en estas localidades cuenta con un engranaje comunitario de protección.

Esta red incluye desde quienes construyen las embarcaciones y venden los motores fuera de borda hasta quienes financian la compra de los alijos o albergan a lancheros extranjeros. Según la investigación, esta red alerta y bloquea las intervenciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, la investigación señala que, tras el caso Paya (2008), se generalizó la modalidad de pago en especie, consistente en la entrega de sustancias en lugar de dinero en efectivo.

Esta práctica obliga a las redes logísticas a colocar la droga localmente para evitar ser víctimas de "tumbes", impulsando la proliferación de puntos de microtráfico en el Sur y en el Este del país.

En la actualidad, los lancheros locales operan embarcaciones de 23 pies de eslora tipo "Chanchis" desde Barahona y aplican la modalidad de "montarse en la vuelta", aportando capital propio para adquirir mercancía extra y venderla de manera independiente a precios más elevados dentro del mercado ilícito. Estas embarcaciones son utilizadas por miembros de la red de narcotráfico del caso Caimán.

Imputados del caso Caimán llegan a acuerdos con el Ministerio Público.

Implicados en la estructura criminal del caso Caimán, integrada por narcofamilias, llegaron a acuerdos con el Ministerio Público para obtener una reducción de condena, tras admitir los hechos imputados por el órgano acusador.

Se trata del imputado Carlos Manuel Cuevas Pérez, hijo de Gloria González Pérez, implicada en la organización criminal de narcotráfico que operaba en la región Sur. El Ministerio Público acusa a Cuevas Pérez de dirigir una facción de la red integrada por narcofamilias, denominada "Los Santa".

También otros imputados buscan negociar con el órgano acusador. Dichos acuerdos serán conocidos y homologados, o no, por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona el próximo 28 de agosto, durante la audiencia del juicio seguido a los implicados en el caso Caimán.

Entre los imputados figuran Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián.

Además, se conocerá el juicio de fondo contra los imputados Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes continúan en el proceso, luego de que la Corte de Apelación de Barahona los enviara a juicio tras revocar el "no ha lugar" emitido a su favor por el Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción.

El grupo integra la red criminal de narcofamilias del caso Caimán que, según la acusación del Ministerio Público, operaba en las provincias de Barahona, Peravia y Pedernales, desde donde enviaba cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.