Senabri Silvestre 
Miguel Coronado, representante del BID.
Punta Cana.-El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) insistió en que el Gobierno debe implementar un marco regulatorio y establecer órganos competentes que analicen los riesgos que se incurren en los contratos hechos mediante Asociaciones Públicos Privado (APP), a fin de minimizar casos poco transparentes o de corrupción.
Miguel Coronado indico que en los países de la región ha habido una evolución en materia de contratación pública, que es mediante licitación, pero muchas veces se encuentra problemas en la parte de operación y mantenimiento de esos grandes proyectos.
«En República Dominicana se ha evolucionado en el tema de contrataciones de forma especifica con varias leyes. Se ha hecho en telecomunicaciones, pero en la medida en que se cuente con un marco legal sólido y que tenga ciertos principios bajo los cuales se deben licitar las APP, se debe crear la responsabilidad dentro de la administración pública de analizar las complejidades que se dan en esos contratos por las diferentes partes que participan en su ejecución y mantenimiento», dijo.
El ejecutivo habló en la novena edición de PPP Américas 2019, el foro de discusión en materia de alianza público-privada mas importante de América Latina y El Caribe, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BID Invest en Punta Cana con apoyo del Ministerio de Hacienda.
La necesidad de ahondar mas en los proyectos de asociación público privada esta reflejada en un proyecto de ley enviado al Congreso y que se espera que pueda ser aprobado por el Senado en la presente legislatura. Con esto el Gobierno busca crear las bases para aumentar la atracción de inversión extranjera directa, que actualmente es de alrededor de un 3 por ciento del PIB; así como elevar a un 5% la inversión en infraestructura.
PPP Américas
PPP Américas 2019 tiene por objetivo promover la mejor colaboración y sostenibilidad en proyectos de infraestructuras. El encuentro potencia el diálogo entre el sector público y privado con el fin de identificar soluciones innovadoras para las necesidades de la región, que apenas invierte un 3.5 por ciento de su PIB en infraestructura.
