La judicialización excesiva es uno de los mecanismos que se utilizan para hostigar a periodistas y tratar de limitar la libertad de prensa.
Se podría alegar que se trata de un derecho de quien se siente afectado por la acción de un periodista o de otro ciudadano a través de los medios de comunicación de masas.
A simple vista pudiera parecer un razonamiento correcto, pero bajo ese argumento sectores de poder suelen ocultar intentos de acallar o atemorizar a quienes les son incómodos.
Los funcionarios públicos y quienes hacen negocios con el Gobierno están sujetos al escrutinio público, sin que ello derive en represalias.
Esclarecer dudas sobre manejos de fondos públicos no es una opción, es una obligación, y le corresponde al Ministerio Público estar al acecho de investigar cualquier cuestionamiento razonable.
Mal se haría con perseguir al mensajero, porque entonces se les estaría diciendo a los demás que no cuestionen ni reclamen a no ser que se quieran ver frente a un tribunal.
La cuna ya no puede ser movida por manos misteriosas.
Quien haya aconsejado someter a la Justicia a un periodista por ser portavoz de una denuncia investigable, desconoce cómo funciona la democracia e irrespeta la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento
Peor aun ha sido hacerle caso a quien así aconseja.
Aun se está a tiempo de evitar cometer un desacierto.
En este caso el mensajero no está solo.
