Caracas— El vicepresidente del Poder Electoral de Venezuela renunció el jueves a su cargo a menos de dos meses de su nombramiento, una decisión que alimenta las dudas sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Rafael Simón Jiménez, que había sido designado a mediados de junio por la Corte Suprema como integrante de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a otras cuatro personas, anunció en medios locales su dimisión alegando que “sentí que la polarización y la situación del país chocaban con mis posiciones”.

Jiménez, quien ocupaba la vicepresidencia del organismo electoral, indicó al medio local Tal Cual que sus opiniones “contravienen la posición ecuánime que se exige… El CNE era una camisa de fuerza”, agregó.

El político, que se desempeñó en el pasado como diputado, indicó que notificaría en las próximas horas al Tribunal Supremo de Justicia su renuncia y no descartó la posibilidad de postularse como candidato en las elecciones parlamentarias.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la decisión de Jiménez y quién reemplazará al político, vinculado con la oposición.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, se mostró sorprendido por la renuncia de Jiménez y dijo en su cuenta de Twitter que lamentaba que el político no cuestionara las elecciones parlamentarias.

La decisión de Jiménez se produjo cuatro días después de que 27 partidos opositores anunciaran que no participarían en los comicios legislativos para no prestarse a un “fraude electoral” del que responsabilizaron al CNE y al gobierno de Nicolás Maduro.

La Corte Suprema, que es controlada por el gobierno, nombró en junio a los cincos nuevos directores de CNE luego de declarar que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, había incurrido en una “omisión constitucional” al no designar a las autoridades electorales sobre las que venían debatiendo durante varios meses.

La presidencia del CNE quedó en manos de Indira Alfonzo, sancionada por Canadá por incurrir en violaciones a los derechos humanos por decisiones que tomó cuando era magistrada del máximo tribunal.

La mayoría opositora acusó al Tribunal Supremo de Justicia de incurrir en una violación de la constitución al asumir la atribución del Congreso de nombrar a las autoridades electorales. La decisión de la Corte fue cuestionada por varios gobiernos de la región y Europa.