Poco tiempo después de la desaparición física del sangriento dictador Rafael Leonidas Trujillo, el Consejo de Estado emitió la Ley 5882-62 para proteger la incipiente democracia del poder político, militar y económico del régimen entonces recién descabezado.
Esa legislación, aun vigente, consta de cuatro considerando y un artículo único, que condena cualquier intento de evocar o emular en público el régimen por el peligro que eso representa para la democracia.
La intención de esa ley es evitar que se intente seducir a la población a la instauración de los antivalores que representó la tiranía de Trujillo. Incluso, castiga con prisión a quienes “hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo”.
Hay quienes podrán entender que esa legislación está desfasada y que incluso podría reprobar un examen a la luz del nuevo orden constitucional, pero mientras no sea derogada, la legislación dominicana prohíbe promover, exaltar o alabar a “los Trujillo” (se entrecomilla el artículo plural que antecede al apellido Trujillo por ser tomado de manera textual de la Ley 5882).
Los demócratas de pacotilla son responsables de que todavía los que añoran y evocan el trujillismo, sea porque se beneficiaron del régimen o por desconocimiento de la Historia, aun tengan brechas para colarse y seducir a una parte de la población.
No creemos que una ley pueda evitar el renacer y proliferación de los sentimientos trujillistas, pero sí puede poner en evidencia a los que tienen esa vocación.
