Cada vez que se anuncia un proyecto minero se desata un gran debate.
El proyecto Romero, en San Juan de la Maguana no puede ser la excepción, y no lo es.
En el caso dominicano, la minería tiene un peso trascendental.
Oponerse sin fundamentos a la extracción minera sería una negación de la historia misma, pues la aparición de los metales constituyó un cambio epocal en la evolución de la humanidad.
En el caso de San Juan de la Maguana hay muchas cosas a considerar y que deben ser tomadas en cuenta.
El proyecto está en la periferia de la cordillera Central, la principal “fábrica de agua” del país.
También se trata de una zona ideal para la producción agrícola.
Se trata de un área sensible.
La variable que se debe despejar, por tanto, es si los ingresos que obtendrían el Estado y los moradores de la región compensarían el impacto que tendrá la actividad minera en esa zona.
O ver si se pone en riesgo un bien mayor.
En ningún caso debe ser oponerse porque sí, ni tampoco favorecerla a la ligera.
El centro del análisis es la relación costo-beneficio del proyecto.
No parece difícil de entender.
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