Nuestro país se encuentra en un momento crucial de desarrollo, consolidándose como potencia turística y un referente económico en el Caribe.
No obstante, la capital, Santo Domingo, todavía enfrenta grandes desafíos que limitan su potencial.
El centro financiero y gubernamental, que debería ser una muestra del crecimiento y modernidad del país, está rodeado de barrios deteriorados donde las condiciones de vida son precarias
. Esta situación exige una intervención urbana urgente y bien planificada, que permita elevar la ciudad a estándares internacionales, acordes a los niveles de progreso económico que hemos alcanzado. Una transformación de esta envergadura no sólo proyectaría una imagen de una capital moderna y competitiva, sino que también mejoraría la calidad de vida de miles de habitantes que hoy sufren los efectos de problemas sanitarios, hacinamiento y contaminación.
En los últimos años, el Gobierno ha destinado cuantiosos recursos al alquiler de oficinas para instituciones públicas, sumas que bien podrían ser redirigidas a un proyecto de rehabilitación urbana en estos sectores críticos de la capital. Este tipo de intervención, además de optimizar el gasto público, representa una inversión a largo plazo que contribuiría a consolidar a Santo Domingo como una ciudad digna de su rol de liderazgo en la región.
Este tipo de proyectos exige visión, compromiso y, sobre todo, una planificación estratégica que considere los múltiples desafíos que enfrentaríamos.
El primer reto radica en la necesidad de una planificación a largo plazo, con una hoja de ruta modular que permita avances progresivos.
Esta estrategia debe ser lo suficientemente sólida para garantizar continuidad a lo largo de varios periodos gubernamentales, adaptándose a cambios en la administración sin perder el objetivo de crear una ciudad moderna y equitativa.
La transformación urbana es un proceso que toma años, pero si se estructura en fases, cada una funcional en sí misma y en conexión con el plan general, puede mantenerse vigente y relevante a pesar de los cambios de gobierno.
Otro desafío importante es la coordinación interinstitucional. Un proyecto de esta magnitud no sólo compete a los gobiernos municipales, sino que también involucra ministerios, asociaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad civil.
Para lograr un avance efectivo, es fundamental que todos estos actores se comprometan a colaborar de manera continua.
Establecer acuerdos firmes y duraderos es esencial para evitar que el proyecto se vea afectado por la inestabilidad política o por agendas particulares.
La integración de cada institución en un plan común garantizaría que los recursos y esfuerzos se dirijan hacia un fin compartido.
La sensibilización y participación de las comunidades son otro componente clave de esta intervención. La transformación de los barrios circundantes al centro financiero y gubernamental sólo será exitosa si los residentes se sienten involucrados y reconocen el valor de los cambios.
Esto implica no sólo campañas de información, sino también la apertura de espacios de diálogo y de participación en la toma de decisiones.
Los habitantes deben sentirse parte del proceso, contribuyendo a la transformación y, posteriormente, al mantenimiento de los logros alcanzados.
El impacto inmobiliario es una realidad que no puede pasarse por alto. La renovación de áreas urbanas a menudo trae consigo un aumento en los precios de las viviendas, lo que puede poner en riesgo la permanencia de los residentes originales.
Es necesario establecer estrategias para evitar la gentrificación, asegurando que el crecimiento no desplace a quienes han vivido en estos sectores por años.
Esto podría lograrse mediante políticas de vivienda asequible, subsidios y regulaciones que permitan a las comunidades seguir formando parte de la nueva ciudad.
*Por Víctor Féliz Solano