*Por Teodoro Tejada

El reinicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la ciudad de Santa Cruz de Barahona, municipio cabecera de la provincia de Barahona, ha sido una obra pública muy demandada por más de tres décadas por los habitantes de esta comunidad, sin que los gobiernos de los últimos 35 año hicieran caso a este justo y necesario clamor del pueblo.

No obstante dar inicio a este importantísimo proyecto de infraestructura hidráulica para la conservación del medio ambiente y la salud de las gentes, sin un nuevo diseño adaptado a las normativas legales y técnicas actuales existente, es un absurdo y carente de toda lógica de un buen ejercicio de alta dirección pública, en un gobierno llamado del cambio, que presidido por Luis Abinader que, ha demostrado interés en resolver los graves problemas del país, pero con decisiones como esta, se demuestra una vez más que varios de sus funcionarios no están en sintonía con el pensamiento del mandatario.

El sábado 13 de marzo del presente año, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado(INAPA), el Abogado Wellington Arnaud, en un acto con las autoridades del gobierno dio el primer palazo para el reinicio estos trabajos con una inversión de RD$50.2 millones de pesos y favorecerá a 160 mil personas. Este monto estimado para su conclusión es una vulgar falacia ya que, para construir la planta de tratamiento que necesita esta comunidad su monto es superior a los mil millones de pesos. Esta planta de tratamiento, estimado su vida útil para 20 años, ya fue agotado en el tiempo que estuvo paralizada, mejor explicado, antes de su conclusión.

Esta obra iniciada en el 1987, en el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, con un diseño planificado para una población de 24 mil habitantes, tenía paralizada 35 años; datos obtenidos del censo de población y viviendas en República Dominicana 2010, la provincia Barahona contaba con unos 187,239 habitantes, su principal municipio tenía unos 90,000 mil habitantes, ya para el año 2015, según la Oficina Nacional de Estadística, esta cantidad paso a 132,600 habitantes, cifras que contradicen los 160 mil habitantes del Lic. Arnaud, lo que deja ver claramente que construir esta planta de tratamiento, no tiene ningún sentido que no sea un populismo político con miras a sus aspiraciones presidenciales de este funcionario y el poco interés de utilizar el dinero del estado de manera correcta.

Los proyectos de construcciones civiles o de cualquier tipo de infraestructuras, son elementos que constituyen acciones de políticas Públicas tendentes a resolver la necesidad de un conglomerado de personas que conviven en un determinado lugar, en un instante de tiempo determinado.

En el caso específico de la Provincia de Barahona, una de las más importante del país, el abandono en los proyectos de construcciones de obras públicas ha estado presente, y son cada vez más difíciles de realizarse en estas comunidades, tal caso es la presa de Monte Grande, solicitadas al principio del segundo mandato de los 10 años del presidente Dr. Joaquín Balaguer e iniciada en julio del 2009, todavía es mucho lo que falta para su terminación.

Me uno al sentir y a las magníficas recomendaciones de la Regional Suroeste Barahona del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) por ser coherente y hecha con un buen criterio técnico científico y apegado a los cánones correspondientes de una buena política medioambiental.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el abogado Orlando Jorge Mera, está en la obligación de paralizar ésta obra, que pretende ser construida 35 años después de estar paralizada su ejecución, con el viejo diseño, lo convierte en un proyecto inapropiado y descalificado, que su evaluación de impacto ambiental no debe darse por influencia política, el mismo es negativo.