Resulta evidente que la propuesta de reglamento de la Ley General de Migración presentada por el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, dista mucho de representar el sentir del Consejo Nacional de Migración.
Salvo Almeyda Rancier, los otros miembros del Consejo que se han referido públicamente a la propuesta lo han hecho para rechazarla, incluso hasta para advertir peligros futuros de aplicarse como lo plantea el secretario de Interior y Policía.
Desde hace tiempo se viene reclamando la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, aprobada en 2004, pero eso no implica que haya que sacarlo a como dé lugar.
Lo positivo de la actual situación es que se ha iniciado una discusión sobre cómo y para qué implementar un plan de regularización de extranjeros que residen de manera ilegal en territorio dominicano.
Cualquier propuesta debe tener como ejes centrales el respeto a los derechos humanos, apego a las leyes dominicanas vigentes y que aporte al desarrollo nacional.
Doblegarse ante un problema no es resolverlo, como tampoco lo es darle la espalda.
En estos momentos, la prioridad en un plan de regularización del estatus de extranjeros ilegales debe ser para aquellos que necesita el aparato productivo nacional y los que por derecho puedan permanecer aquí.
Bajo ninguna circunstancia pueden implementarse por un reglamento aspectos que la Ley no manda o que incluso intenta evitar, pero no se le puede tener miedo a discutir las propuestas y la del Secretario de Interior y Policía sólo es una para empezar.
