Regidores apoderan a Sala Capitular del DN de anteproyecto para regular privilegios en el tránsito
SANTO DOMINGO.- Los regidores perredeístas Waldys Taveras y Consuelo Despradel apoderaron a la Sala Capitular del Distrito Nacional de un anteproyecto de ordenanza para que los privilegios en el tránsito se reserven únicamente al presidente y vicepresidente de la República y a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo para que se castigue judicialmente a todo funcionario o personas particulares que utilicen sirenas o franqueadores en sus desplazamientos por las calles de la Capital, en detrimento de los demás automovilistas.
Además del Presidente de la República, también gozarían de privilegios en el tránsito el presidente del Tribunal de Garantía Constitucional, los ministros de la Presidencia e Interior y Policía, el procurador general de la República, el alcalde del Distrito Nacional, y el ministro de las Fuerzas Armadas,.
Igualmente el jefe de la Policía Nacional, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, los presidentes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Electoral durante el periodo electoral y los dignatarios y participantes en eventos internacionales, previa autorización del Concejo Municipal del Distrito Nacional.
En su anteproyecto, ambos regidores destacan que una gran cantidad de funcionarios sin calidades especiales y otros ciudadanos que han sido dotados de franqueadores y agentes de seguridad, detienen el tránsito otorgándoles un privilegio en el tránsito para los vehículos de motor que los transportan, lo que genera un privilegio sobre los demás ciudadanos.
Indicaron que el espíritu de su proyecto de ordenanza es que hay ciudadanos comunes y posibles delincuentes que pueden utilizar a falsos franqueadores que con un chaleco negro o de cualquier institución podrían detener el tránsito y cometer fechorías en las calles de la Capital.
Ambos concejales entienden que como principio general debe existir igualdad entre todos los ciudadanos, como lo consagra la Constitución de la República en su artículo 39, acápites 1 y 3.
