Entre muchos diputados corre la voz de que pocos conocían la introducción de la eliminación del artículo 85 del Código Procesal Penal que establecía que la ciudadanía podía instrumentar querellas o expedientes contra funcionarios cuando existan pruebas de alguna irregularidad.
Muchos legisladores -que se resisten a ser identificados- admiten que ese articulado no fue discutido en medio del conocimiento de los temas que fueron propuestos para ser aprobados durante la sesión de la Cámara de Diputados.
Otra vez ocurrió lo mismo que ha sucedido casi siempre, que muchos diputados aprueban proyectos que nunca conocen ni se percatan de las complicaciones que pudieran tener en la sociedad.
División de criterios y de posiciones
Nuevamente ha quedado evidenciado que el debate en torno a los temas cardinales toma el rumbo de acuerdo al cristal de cada actor o protagonista.
Es decir, ahora mismo la discusión se centra en las modificaciónes introducidas al Código Procesal Penal, principalmente en lo referente a la eliminación del artículo 85 que establecía derecho a la ciudadanía a instrumentar expedientes contra funcionarios por corrupción u otros delitos.
La sociedad se encuentra dividida en torno al camino a seguir, en torno a si el presidente Danilo Medina debe o no promulgar las modificaciones ya debatidas que aparecen en el Código Procesal.
Entidades desaparecerían
De quedarse las reformas como están, muchas instituciones que abogan por la transparencia y persiguen los actos de corrupción no tendrían razón de ser y deberán cerrar sus puertas por efectos de los cambios introducidos en el Código.
De ahí la reacción adversa que se ha suscitado en torno a las iniciativas que fueron aprobadas en perjuicio de las acciones de la ciudadanía en pro de una mayor vigilancia a favor de la transparencia en la administración pública.
Desde el exterior
Transparencia Internacional ha pedido que el presidente Medina no promulgue las modificaciones, ya que perjudica la pulcritud en el Estado.
