El Gobierno ha anunciado que someterá un proyecto de reforma laboral en la que ha decidido no mojarse las botas y, por tanto, la ha dejado sólo como una reforma procesal del Código Laboral.
Hace mucho que el crecimiento económico dejó de ser un problema estructural en República Dominicana, pero esa misma virtud ha acentuado el de la inequidad en la distribución de las riquezas generadas.
El salario es uno de los instrumentos más eficaces para la redistribución de las riquezas y las empresas son el mecanismo por antonomasia para generar los empleos.
Por tanto, tienen que existir empresas robustas que estén en capacidad de pagar salarios adecuados, regidos por un sistema laboral que propicie esa ecuación.
El actual Código de Trabajo es una retranca para el pago de salarios dignos y la reforma anunciada mantiene ese estado de cosas.
Dicho en otras palabras, lo anunciado por el Gobierno mantendrá la estructura jurídica que pare salarios de miseria al cargar de manera excesiva a las empresas. También la formalización y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Para que se entienda mejor: las empresas tienen una carga económica equivalente al 55 por ciento del salario que le paga al trabajador.
Por ejemplo, un salario de 45 mil pesos le representa a la empresa, en términos reales, 69,789 pesos que salen de sus arcas.
Para muchas empresas es un problema financiero las mejoras salariales para que el trabajador devengue un salario adecuado.
Nada de esto se aborda en lo anunciado por el Gobierno en relación con la reforma del Código de Trabajo.
En otra nota editorial nos referiremos a las complicaciones en que se pretende meter a las familias dominicanas por pretender copiar modelos que no se corresponden con la realidad social de este país.
