El Día 
En los ambientes laborales se produciría un importante impacto con la reforma integral de la seguridad social. Archivo
SANTO DOMINGO.-Un sistema de seguridad social que cuente con una cobertura universal, una adecuación justa y equitativa de sus prestaciones y una estructura que garantice su sostenibilidad a largo plazo contribuye a una mejora exponencial de la actividad productiva, la que a su vez reduce las disparidades sociales que perpetúan la pobreza.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), América Latina y el Caribe tiene un gasto social promedio de 4.9 % sin contemplar la salud, 9.6 puntos porcentuales menos que lo invertido por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que destinan alrededor de un 14.5 %.
República Dominicana no escapa de esta realidad. Pese a ser un país de ingreso medio que ha mantenido fundamentos macroeconómicos estables y una inflación moderada, Sánchez Tatis (2021) advierte que el escaso gasto social, acompañado de una desaceleración de los ingresos y un aumento en los niveles de desigualdad indican “el limitado impacto de más de dos décadas de crecimiento sobre los niveles de pobreza”.
Inversión en salud
La inversión en salud ha fluctuado entre el 1.6 % y el 2 % con relación al PIB frente a un promedio regional de 4.5 %. Esto concuerda con la OIT, que registra que el país ha destinado menos del 5 % en protección social, evidenciando los escasos recursos con los que ha trabajado el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) desde su creación en 2001 a través de la Ley 87-01.
Para consolidar el sistema de seguridad social dominicano bajo una perspectiva de desarrollo, se necesitan garantías de que sea sostenible en el tiempo.
Para ello, es imprescindible atacar la informalidad, ya que el financiamiento de la seguridad social depende, primordialmente, de los tributos que pagan los trabajadores formales.
Informalidad en el país
La informalidad laboral lastra la calidad y efectividad de la seguridad social dominicana, al dejar fuera a los 6,211,520 dominicanos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) del sector informal.
Estamos hablando de que un 59 % del total de la población carece de un seguro médico, de una indemnización por riesgos laborales y de un fondo por pensión, discapacidad o sobreviviencia.
Considerando que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece como la primera causa de la informalidad el bajo nivel y la deficiente calidad del capital humano de los sectores vulnerables, es un momento crucial para implementar reformas que propicien que los ciudadanos adquieran las capacidades, destrezas y herramientas necesarias para insertarse en el mercado productivo.
Los desafíos son inmensos, pero también son diversas e infinitas las posibilidades de implementar los cambios que incidan en que la recuperación económica vaya asociada a la construcción de una sociedad más igualitaria.
Oportunidad de reforma
En ese sentido, el Proyecto de Formación Técnico Profesional Inclusiva (FOCO), auspiciado por la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una respuesta a la necesidad de formación técnico profesional que tienen las personas con discapacidad.
Adicionalmente, representa una oportunidad para que este segmento social acceda a un empleo formal y con ello a coberturas de seguro médico y contra riesgos laborales, prestaciones laborales y pensiones dignas.
Como parte de esta iniciativa, en la que trabajan el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad (La RED) y la Fundación Francina, se adaptarán a formatos accesibles diez de las capacitaciones más demandadas para la empleabilidad por parte de los sectores productivos del país.
De esta manera, se incrementan las posibilidades de este colectivo de ingresar y/o permanecer en el mercado laboral y se sientan bases sólidas para lograr la cobertura universal y la igualdad de acceso al sistema de seguridad social.
Puntos a reformar
Igualmente, una reforma social y de salud debe contemplar un aumento de la inversión en protección social y seguridad y la mejora de la formalización de la economía a través de la inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Asimismo amerita sostenibilidad de los sistemas de protección social y seguridad a través de una reforma fiscal. Este punto está muy relacionado con el anterior. Una mayor formalización de la economía trae consigo la ampliación de la base tributaria, lo que debe traducirse en mayores ingresos para robustecer la seguridad y la protección social de la población económicamente activa.
También necesita la expansión de los regímenes contributivos y subsidiarios para garantizar cobertura a los grupos vulnerables como los niños y las personas envejecientes, con discapacidad y comorbilidades médicas, así com la actualización a la Ley 87-01 para que responda a las necesidades de los nuevos tiempos.
Poca protección
Si bien se ha avanzado mucho en la digitalización de servicios que estrechan la relación entre usuarios y prestadores, el uso de las nuevas tecnologías ha incentivado la creación de nuevas modalidades de trabajo que cuentan con poca protección y seguridad social, por lo que es imperativo tomar en cuenta estos aspectos dentro de la normativa, así como facilitar su aplicación bajo un concepto de equidad, justicia y transparencia.
Puntos a reformar
—1— Inversión
Una reforma social y de salud debe contemplar un aumento de la inversión en protección social y seguridad y la mejora de la formalización.
—2— Cobertura
También necesita la expansión de los regímenes contributivos y subsidiarios para garantizar cobertura a los grupos vulnerables, como los niños y las personas envejecientes.
*Por FRANCINA HUNGRíA
