Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
*Por: Pablo Ulloa
En Santo Domingo, una madre espera bajo el sol para obtener documentos escolares para sus hijos, solo para descubrir que el sistema ha caído. Esta experiencia, que resuena en miles de hogares dominicanos, ilustra una realidad que debemos transformar. Reformar el Estado no es solo una opción, es una urgencia para garantizar servicios públicos justos y eficientes, como lo manda el artículo 8 de la Constitución Dominicana.
El Contexto Actual: Desigualdad y Falta de Eficiencia
La República Dominicana sufre una creciente desigualdad. Según el Banco Mundial, el coeficiente de Gini es de 0.458, situando al país entre los más desiguales de América Latina. Además, el 56% de la población económicamente activa está atrapada en la informalidad (Ministerio de Trabajo, 2023), limitando su acceso a beneficios sociales. Este sistema ha dejado a millones fuera de la red de seguridad social y sin las oportunidades que merecen.
El gasto público, equivalente al 17.3% del PIB (BID), se pierde en su ineficiencia. Un informe del BID revela que hasta el 30% de este presupuesto se desperdicia en proyectos mal gestionados, afectando directamente la vida de los más vulnerables. Si seguimos por este camino, la brecha entre los que tienen y los que no, se ensanchará aún más.
Crítica sistémica: La corrupción y la ineficiencia han erosionado la confianza en nuestras instituciones. No es solo un desvío de recursos, es un sistema fallido que margina a quienes más lo necesitan.
Objetivo: Crear una administración pública que actúe con eficiencia, asegurando que cada dominicano, sin importar su condición, pueda acceder a los beneficios y derechos que la Constitución les otorga.
Casos de Estudio: Modelos de Éxito
Costa Rica y Uruguay nos enseñan que un Estado eficiente es posible. Costa Rica ha mejorado la calidad de vida de su población a través de reformas profundas en salud y educación. Uruguay, por su parte, ha reducido en un 40% los tiempos de espera con la digitalización de sus servicios, usando blockchain para garantizar la transparencia. Estos ejemplos son faros que guían nuestra visión.
Propuesta: Cuatro Pilares Fundamentales
1. Optimización del Gasto Público
Durante años, el gasto público ha sido un motor de desigualdad. Joseph Stiglitz en The Price of Inequality destaca cómo la mala gestión perpetúa la inequidad y detiene el desarrollo. En la República Dominicana, el aparato estatal ha operado sin un enfoque de resultados, lo que ha provocado un desperdicio de recursos. Proponemos la creación de una Oficina Nacional de Control de Gestión Pública, que se encargue de auditar continuamente los proyectos financiados con fondos públicos, garantizando que cada peso invertido beneficie a la sociedad.
Crítica sistémica: El Estado ha operado como un barril sin fondo, en lugar de ser un motor de progreso. Proyectos con sobrecostos y retrasos no solo frenan el desarrollo económico, sino que debilitan la confianza en nuestras instituciones.
Objetivo: Reducir los costos operativos del Estado en un 20% en cinco años, asegurando que el 100% del gasto público tenga un impacto positivo y medible.
2. Transparencia y Participación Ciudadana
El Índice de Percepción de la Corrupción (2023) de Transparencia Internacional coloca a la República Dominicana en el puesto 128 de 180, lo que refleja la urgencia de actuar. Proponemos la creación de un Observatorio Ciudadano de Transparencia, que permita a los dominicanos monitorear en tiempo real el uso de los fondos públicos. Además, implementaremos subastas electrónicas abiertas para garantizar igualdad en la adjudicación de contratos.
Crítica sistémica: La opacidad en la contratación pública ha convertido los recursos del Estado en moneda de cambio político, perpetuando un ciclo vicioso de corrupción y desigualdad.
Objetivo: Reducir la percepción de corrupción en un 50% en cinco años, restaurando la confianza del pueblo en sus instituciones.
3. Innovación y Digitalización
La falta de digitalización en el sector público ha perpetuado un sistema burocrático ineficiente. Proponemos la creación de un Portal Único de Servicios Públicos Digitales, que permitirá a los ciudadanos acceder a servicios esenciales sin largos tiempos de espera. Además, la implementación de blockchain garantizará la transparencia en la gestión pública, alineada con el artículo 62 de la Constitución.
Crítica sistémica: La resistencia a la digitalización en el sector público ha frenado la innovación y ha dejado a la ciudadanía atrapada en procesos arcaicos, aumentando las oportunidades de corrupción.
Objetivo: Digitalizar el 80% de los servicios públicos en cinco años, mejorando la accesibilidad y reduciendo los tiempos de espera en un 50%.
4. Reforma Social para la Inclusión
El Banco Mundial informa que el 20% más pobre de la población apenas recibe una fracción mínima del ingreso nacional, perpetuando un ciclo de pobreza. Proponemos un Plan Nacional de Inclusión Social y Laboral, que integre a los sectores más vulnerables en la economía formal, ofreciendo formación técnica y empleo en sectores clave como la tecnología y la agricultura sostenible.
Crítica sistémica: El Estado ha fallado en su rol redistributivo, permitiendo que una pequeña élite acumule riqueza mientras una gran parte de la población permanece en la pobreza.
Objetivo: Reducir la brecha de desigualdad social en un 30% en los próximos diez años, garantizando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos.
Rol del Sector Privado: Un Aliado Estratégico
El sector privado es un aliado clave en esta transformación. Las Alianzas Público-Privadas (APP) enfocadas en infraestructura, tecnología y educación, aportarán no solo capital, sino también eficiencia y transparencia en la ejecución de proyectos públicos.
Objetivo: Crear 10 APP estratégicas en los próximos cinco años, priorizando inversiones en salud, educación y tecnología.
Conclusión: Un Mandato Constitucional
La reforma del Estado no es solo una necesidad, es un mandato constitucional. La Constitución Dominicana exige un sistema justo y transparente. Esta propuesta no solo responde a esa demanda, sino que construye las bases de un nuevo contrato social. Un Estado eficiente y transparente no es una meta lejana; es un objetivo alcanzable si actuamos ahora.
Este artículo es un llamado a la acción. Estamos ante una oportunidad histórica de transformar nuestra República. Si tomamos las decisiones correctas hoy, construiremos un país más justo y próspero para las generaciones venideras.
*Pablo Ulloa es Defensor del Pueblo.
