El asaltante Miguel Ángel Báez “Lagrimita” , aun muerto, le tronchó la vida a quienes él quería asaltar y hasta estaba dispuesto a matar.
Los vecinos, en una especie de indignación colectiva, golpearon hasta la muerte al asaltante con vocación homicida, pues tenía a la comunidad en zozobra con sus impunes asaltos.
De ese hecho se derivan varias reflexiones.
Los linchamientos vienen, en la mayoría de los casos, por la pérdida de la confianza, por parte de la población, en que los delincuentes serán sancionados adecuadamente y que el sistema judicial los sacará de las calles cuando son arrestados.
Al médico se le dictó prisión preventiva como medida de coerción, una decisión excepcional, pues la libertad es el estado ideal para el imputado defenderse.
Por ejemplo, los responsables de los fraudes bancarios y del actual caso Odebrecht están siguiendo sus procesos en libertad, lo cual se apega al principio señalado anteriormente y al de que la medida de coerción no es un castigo adelantado.
Donde el sistema judicial se desacredita es cuando este principio solo se le aplica a los tutumpotes o delitos de “cuello blanco”.
No hay que ensañarse porque el Ministerio Público procese a los responsables de la muerte de “Lagrimita”, porque está en el deber de impedir que los ciudadanos tomen las leyes en sus propias manos.
Pero tampoco pueden el Ministerio Público y los jueces ensañarse contra los ciudadanos que se vieron arrastrados a una situación que provocó la vocación delincuencial de “Lagrimita”.
