Por Raddamés de la Rosa *

En nuestro país las estrategias para la  reducción de la demanda de drogas, se siguen ignorando y hasta despreciando. Desde Casa Abierta, vemos que el trabajo que realizan las organizaciones sociales no parece tener ninguna valoración. Una evidencia es que a la mayoría de estas organizaciones no se les aporta recursos públicos. Pero más grave aún es la no entrega de los recursos que por ley les corresponden, a unas cuantas que se reconoce forman parte del sistema nacional de prevención y tratamiento.

En el artículo 76 de la ley 50-88 sobre drogas, se establece que: “Las sumas provenientes de las multas, los derechos de los certificados de inscripción pagados, así como el producto de las ventas de los bienes incautados, serán destinadas para financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas”…  Sin embargo, tuvimos que esperar  19 años para ver la aplicación de  este aspecto de la ley y solo entregando, a partir de la fecha, los recursos producto  de confiscaciones. Nunca se han entregado los recursos provenientes de multas y certificados.

En el año 2002, se promulga una nueva ley (72 -02), para enfrentar el lavado de activos. En esta nueva ley  se recoge este aspecto en el artículo 33. Pero en el 2011 (ley 196 -11), se modifica, para excluir  las contribuciones a las entidades de drogas (ONG’s y del Estado), en la distribución de confiscaciones “que provengan de las demás infracciones previstas en la presente ley”. Este es otro indicador del escaso interés que el tema de la reducción de la demanda de  drogas suscita en las autoridades, incluso del poder legislativo. Esto  a pesar de que los gobiernos han descargado  en las ONG’s  casi todas sus responsabilidades en materia de prevención, tratamiento y reducción de riesgos y daños.

Desde septiembre del año 2016, se suspende, de nuevo sin ninguna explicación,   la entrega de estos recursos, no obstante que se reporta con mucha frecuencia la confiscación de dinero en efectivo, generalmente en dólares, que se anuncia corresponden a lavado de activos relacionado con la actividad ilícita del negocio de las drogas.

Las  organizaciones sociales, que en su gran mayoría no reciben ningún apoyo estatal, se encuentran hoy atravesando por serias limitaciones para cumplir su misión. Esto es especialmente dramático en las que se encargan de atender la demanda de  personas que sufren la tragedia personal de las adicciones. ¿Será que se apuesta a su desaparición?

El señor Donald Guerrero, Ministro de Hacienda y nuevo  presidente del Comité contra el Lavado de Activos – CONCLAFIT, respondiendo a solicitud de información de Casa Abierta,  justifica la suspensión en razón a que -citamos sus palabras: “desde el 16 de junio del 2016 no se realizan subastas…”  No explica, sin embargo,  las razones por las cuales esto no se ha hecho, cuando se han seguido procesando personas por delitos relacionados con las drogas. Mucho menos explica por qué no se entregan los recursos para los cuales no es necesario hacer subastas, como son las multas, certificados  y los dineros incautados en efectivo.

En Casa Abierta pensamos que lo que hay es una indolencia estatal, para todo lo que no sea represión. No importan los programas preventivos. No importa el drama de las adicciones y sus consecuencias familiares y sociales.  Aunque sí cuentan para atribuirle falsamente los altos niveles de violencia y delincuencia que sufre la sociedad dominicana.

Definitivamente,  en la República Dominicana, en materia de  Reducción de la demanda de drogas, como canta Juan Luis Guerra: “la guagua va en reversa”.

*El autor es psicólogo y director de Casa Abierta